os habitantes de Lázaro Cárdenas suelen decir que el corazón de la economía de la región es la planta siderúrgica, que emplea a más de 6 mil obreros, e indirectamente a 24 mil. Pero los líderes de otros gremios reconocen a los mineros de la sección 271 como hermanos mayores y sus luchas un ejemplo digno de Michoacán. Por eso la marcha y el acto público del 12 de marzo fue de alto impacto, por el clamor solidario de 17 organizaciones sociales, igual que la asamblea de casi 2 mil mineros que decidió levantar la huelga.

De las cualidades de la huelga destaca la unidad minera y la firmeza de su decisión. Por eso cuando el 4 de marzo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) negó el derecho de huelga una hora antes de iniciarse y el mismo día la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se sumó a la aberrante resolución inconstitucional, los obreros de Lázaro Cárdenas reforzaron sus guardias. A la vez, el comité nacional informó y orientó a fondo a los trabajadores sobre las agresiones de las autoridades.

La huelga fue originada por las violaciones al contrato colectivo cometidas por ArcelorMittal Hierro. Por eso el sindicato minero emplazó a huelga el 18 de junio de 2015, prorrogando el inicio de ésta 16 veces, por las pláticas conciliatorias con la empresa, con la aprobación de la JFCA, como consta en actas. La principal violación de la empresa fue incumplir la cláusula 100, de reu­bicar a 206 obreros de la planta coquizadora, sin despidos. Asimismo, pagar a 87 obreros los días de solidaridad con los mineros de Pasta de Conchos y con los afectados por la contaminación por los tóxicos en el río Sonora, ambos actos del gran depredador de vidas mineras y de la naturaleza, Germán Larrea, de Grupo México.

A pesar de que el sindicato cubrió los requisitos legales, el 4 de marzo la empresa se negó a negociar, por lo que el sindicato minero ratificó su derecho de estallar la huelga. Pero justo una hora antes de iniciarse, la JFCA decidió archivarla, por prorrogarla de modo unilateral, un argumento falso, que carece de fundamento, para negar un derecho de rango constitucional.

El 4 de marzo la Secretaría del Trabajo reiteró la postura de la JFCA, poniendo en peligro el derecho de huelga, pero lo más grave fue amenazar al sindicato minero: “Ante la toma de las instalaciones de la empresa… la STPS exhorta al sindicato… a conducirse con pleno respeto a la ley... (Por) las denuncias que la empresa ha interpuesto, esta dependencia ha solicitado a las autoridades competentes, a nivel estatal y federal, que en uso de sus facultades legales garanticen la seguridad de personas y bienes al interior y exterior del centro de trabajo”. Y reitera la STPS que no se trata del estallamiento de una huelga sino de un paro ilegal de labores, con lo que insinúa el desalojo de los trabajadores.

Eso indudablemente inquietó a los mineros y a los trabajadores del país y del mundo, que mandaron cartas al gobierno, lo mismo que Elena Poniatowska, David Huerta, Paco Ignacio Taibo II y Raúl Vera.

Se malinterpretó la solidaridad sindical internacional como una intromisión de extranjeros en la vida interna del país, ignorando la Constitución en el artículo 3, que dice que se fomentará la conciencia de la solidaridad internacional.

Y si no fuera suficiente, la empresa recurrió a un conflicto colectivo de naturaleza económica, pidiendo a la JFCA que autorizara el despido de los 206 mineros, sin cumplir el contrato colectivo, a lo que de inmediato ésta dio trámite y fecha de audiencia el 9 de marzo, haciendo cada vez más tortuosas las negociaciones, pues se puso como condición para la conciliación levantar primero la huelga, porque, se dijo, pone en peligro la paz social.

Anteriormente, la autoridad declaraba inexistentes las huelgas, pero desde que el sindicato minero ganó los cuatro amparos en la de Cananea, dos de la de Taxco y dos de Sombrerete, y los juzgados concedieron las suspensiones dejando sin efecto las resoluciones de la JFCA, entonces la autoridad buscó otras vías, como el archivo de la huelga, que también aplica en estos días a otros movimientos gremiales.

La huelga es un recurso fundamental de los trabajadores para presionar a los patrones que incumplen con la ley y sus obligaciones. La huelga no es el conflicto sino su solución, cuando el patrón abusa de su fuerza económica y política. ¿Por qué, entonces, la autoridad desconoce un derecho tan importante, que sirve justo para lograr el equilibrio social y la justicia entre los factores de la producción?

La política de cero huelgas y de paz social entiende erróneamente el derecho de huelga, porque no es un delito ni un acto que quebrante la ley, es un derecho humano universal y constitucional.

Tal postura fue la del sindicato minero a lo largo de nueve días que duró la huelga (y que antes en nueve meses negoció para evitarla). Por eso las guardias en las instalaciones de la empresa reforzaron la disciplina, la unidad, la responsabilidad y la organización, que son la fuerza de los obreros y de su inteligente dirección.

Afortunadamente, a última hora la autoridad privilegió el diálogo entre el sindicato y la empresa, y ésta resolvió en primer lugar reubicar a los 206 mineros, cubrió las faltas de los 76 trabajadores por solidaridad y pagó 100 por ciento de los salarios caídos. Dando la asamblea de la sección 271 de Lázaro Cárdenas la última palabra, levantó la huelga.

* Integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD