Familiares de desaparecidos exigieron en el Senado una ley que realmente sirva y permita encontrar a sus hijos, esposos y hermanos. Asimismo, pidieron a los legisladores que ‘‘no repitan el error’’ que cometieron al elaborar la ley general de víctimas, misma que, dijeron, ‘‘no sirve’’.

Al continuar las audiencias públicas en torno a la ley de desaparición forzada, los familiares advirtieron que a pesar del acoso, hostigamientos, amenazas e indiferencia que reciben de autoridades y criminales, nunca renunciarán a encontrarlos.

‘‘Aunque los sepulten en fosas clandestinas, con la clara intención de no sacarlos nunca de ahí, como lo han hecho en Morelos y otros estados, los seguiremos buscando. Nunca los abandonaremos. Las autoridades no contaban con que no descansaremos hasta encontrarlos.’’

Con coraje, rabia y dolor presentaron testimonios –‘‘como de película de horror’’– de desapariciones en las que ha habido ‘‘complicidad y colusión de autoridades con bandas criminales’’, aseguraron padres de hijos desaparecidos por policías y entregados al crimen organizado, según denunciaron.

Colectivos de desaparecidos de Veracruz, Guerrero, Querétaro, Coahuila, Morelos y estado de México exigieron ayer a los senadores: ‘‘Escúchennos; no hagan trabajo de escritorio, vayan a la calle, a los lugares donde ocurren las desapariciones forzadas de personas’’.

En el foro familiares de las víctimas destacaron el maltrato que reciben en las agencias del Ministerio Público, la falta de coordinación entre las dependencias federales, estatales, municipales y la simulación. ‘‘Hacen que investigan y no hacen nada; debería haber sanciones para esos funcionarios’’, plantearon.

Hubo más de una treintena de testimonios, entre ellos los de familiares de siete policías federales desaparecidos, los de un militar, de adolescentes, de universitarios, de trabajadores, entre otros.

Los senadores escucharon las quejas, reproches, acusaciones: ‘‘Los protocolos de búsqueda no sirven, no tienen instrumentos ni tecnología; las empresas de telefonía celular no entregan los datos sobre llamadas y mensajes; los bancos tampoco ayudan entregando los reportes de los movimientos con tarjetas bancarias; el INE (Instituto nacional Electoral) no tiene programado dar informes sobre huellas dactilares para buscar a nuestros familiares. Nadie investiga, sólo simulan’’.

Acusaron: ‘‘Nosotros buscamos en cárceles, hospitales, servicios médicos forenses, centros de adicciones, panteones; en los cerros buscamos fosas clandestinas y en ellas hemos hallado decenas de cuerpos. Los entierros están ubicados en Morelos, Veracruz, Guerrero y Coahuila, entre otras entidades’’.

Revelaron varios casos. Uno de ellos el de Fanny, joven raptada para trata de personas en Acapulco. ‘‘La encontramos después de más de un mes de búsqueda. La abandonaron en un cuarto de hotel en Ixtapaluca, estado de México, donde la dieron por muerta. Le cortaron la lengua, los pezones, le provocaron atrofia cerebral. Ya la iban a mandar a un albergue’’.

También denunciaron casos de jóvenes que han sido internados en centros de rehabilitación para personas con adicciones, los cuales ‘‘han sido abiertos sin permiso y carecen de supervisión de autoridades; ahí le abren al puertas al crimen organizado y se llevan a los adolescentes para cometer delitos, los dedican a la trata o los desaparecen’’.

Nancy Raquel Roset Núñez relató: ‘‘Soy madre de Elvis Axel Torres Roset, de 17 años de edad; fue desaparecido de una clínica de rehabilitación hace cinco años dos meses. Mi hijo conoció las drogas y me pidió que lo ayudara porque no quería morir. Lo llevé a una clínica de rehabilitación. El dueño de la clínica lo desapareció. Me dijo que lo envió a otro estado con una misión. El propietario está detenido, pero ¿de qué me sirve si no me dicen dónde está mi hijo?’’

Amalia Hernández, de la Red Eslabones Morelos, narró el caso de Oliver Wenceslao Navarrete, secuestrado y desaparecido por la delincuencia organizada; después de 15 días fue encontrado e identificado, ‘‘pero mi sobrino fue desaparecido nuevamente por la procuraduría morelense durante nueve meses dentro del Semefo. Después, la misma dependencia estatal lo sepultó en una fosa clandestina, junto con 150 cadáveres más no identificados’’.