El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad para regular la producción, distribución y consumo de mariguana con fines personales, medicinales o terapéuticos, pues con la prohibición de ese enervante los usuarios están a merced de las reglas establecidas por el crimen organizado, señalaron especialistas en el tema, que se pronunciaron en favor de la regulación de la cannabis. Quienes están en contra argumentaron los riesgos de adición y contra la salud de esa droga.

Ayer, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM se realizó el seminario Mariguana: autonomía individual y políticas públicas, donde expertos en varias disciplinas debatieron en torno de los efectos del enervante, los derechos de los usuarios y las obligaciones del Estado.

Rafael Camacho Solís, representante de la Secretaría de Salud y hasta hace unos meses titular del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, enfatizó que el Estado debe dejar de evadir su responsabilidad y regular la mariguana, pues al prohibirla el narcotráfico la reglamenta.

Hoy no hay un mercado legal, sino negro, y en éste los delincuentes establecen las reglas. Ellos deciden qué tipo de mariguana se vende en México, dónde, a qué precio y quiénes lo hacen.

José Paoli Bolio, del IIJ, remarcó que según un reporte reciente de la ONU, junto con Afganistán y Marruecos, México es uno de los tres principales productores de mariguana en el mundo, por lo que el país enfrenta una encrucijada ante la creciente demanda de la legalización, pero al mismo tiempo las ganancias ilícitas cada día son mayores –en 2012 fueron de 2 mil millones de dólares– para el crimen organizado por la producción y venta de ésta.