La Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que Gustavo Castro Soto sea repatriado de Honduras tras el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, quien fue agredida cuando se encontraba con el activista mexicano. Las diputadas Ernestina Godoy (Morena) y María Candelaria Ochoa (Movimiento Ciudadano) solicitaron a la presidencia de la cámara que intervenga para propiciar el retorno del activista mexicano.

A través de un punto de acuerdo se expone que Castro fue víctima de un intento de homicidio por haber sido testigo presencial de los hechos donde murió Berta Cáceres. A la fecha, el mexicano ha rendido testimonio ante la fiscalía de Honduras, donde ha declarado que los homicidas de la defensora de derechos humanos no se percataron de que él continuaba vivo.

A la fecha, Castro Soto ha solicitado el retorno a México; sin embargo, las autoridades hondureñas se lo han impedido, por lo que es necesario –refiere el punto de acuerdo– que la cancillería mexicana ‘‘realice todas las acciones necesarias ante Tegucigalpa para proteger y garantizar la integridad de Gustavo Castro, y en consecuencia evitar daños irreparables a su persona’’.

En ese contexto, diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos civiles calificaron de ‘‘injustificada y excesiva’’ la retención migratoria decretada al ambientalista mexicano. Exigieron por un lado al gobierno hondureño cancelar la alerta migratoria al activista, que fue víctima de un intento de homicidio en ese país centroamericano, y por otro a las autoridades mexicanas, que exijan el regreso inmediato del connacional.

A su vez, en Chiapas, la organización civil Otros Mundos repudió la decisión de la Fiscalía General de Honduras de prolongar 30 días la alerta migratoria que impide salir de ese país al ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto.

‘‘Esta decisión es injustificada e innecesaria’’, ya que Castro ‘‘ha aportado toda la información suficiente a la fiscalía para el esclarecimiento de los hechos’’, agregó.

Finalmente, la organización Amnistía Internacional (AI) señaló que la larga serie de defectos en la investigación del asesinato de la activista Berta Cáceres manifiesta la ‘‘absoluta falta de voluntad’’ del gobierno de Honduras para proteger a quienes defienden los derechos humanos en esa nación centroamericana.

Erika Guevara-Rosas, directora del Programa para América de AI, lanzó críticas a las autoridades hondureñas que aunque han expresado interés por encontrar a los responsables del homicidio, no han seguido las líneas de investigación más básicas, incluida que la activista llevaba mucho tiempo recibiendo amenazas de muerte en relación con su labor de defensa de los derechos humanos.