Río de Janeiro.

Brasil vive con un ojo puesto en el domingo 13 de marzo y el otro en el goteo cotidiano de denuncias, acusaciones y especulaciones. Con eso, el gobierno de Dilma Rousseff permanece acorralado en un callejón sin salida, mientras la crisis económica gana volumen y la crisis política se agudiza.

Los datos consolidados de 2015 empiezan a ser divulgados y los resultados superan incluso las proyecciones más pesimistas. Ya se prevé para 2016 una retracción de por lo menos 3.6 por ciento en el PIB, y se asegura que la actual recesión –la peor de los últimos 25 años– persistirá. Algunos integrantes del equipo económico dicen que a partir del tercer trimestre habrá una reversión, para mejor, en el cuadro enfrentado por el país. La verdad es que nadie, en el empresariado o en el sacrosanto mercado financiero, cree en eso. Al contrario: el mercado ya opera, a partir de los últimos días, con la perspectiva de un cambio de gobierno. Se da por descartada la permanencia de Dilma Rousseff en la presidencia. Su salida se dará, dicen los entendidos en el accionar de los mecanismos del mercado financiero, por renuncia o a través de un golpe institucional en el Congreso. O, por último, queda otra alternativa: que el Superior Tribunal Electoral impugne la victoria de la presidenta en las elecciones de 2014.

Desde el pasado jueves la dinámica de la crisis política pasó a una velocidad de vértigo. Una revista semanal anticipó en dos días su llegada a los kioscos para divulgar que Delcidio Amaral, que hasta noviembre de 2015, cuando fue arrestado, era el líder del gobierno en el Senado, hizo un acuerdo de delación premiada. O sea, aceptó contar lo que sabe a cambio de volver a casa. En su denuncia, Amaral miró a los blancos más deseados por el esquema mediático-policiaco-jurídico: el ex presidente Lula da Silva y, por primera vez, la actual mandataria, Dilma Rousseff.

De acuerdo con lo que publicó la revista, Amaral dijo que Lula sabía de todo el esquema de sobornos y corrupción en Petrobras, y Dilma trató de intervenir en las acciones judiciales, al indicar para el Tribunal Superior de Justicia un juez cuya función básica sería actuar en favor de empresarios presos por la Operación Lavado Rápido.

Poco importa que el mismo Delcidio Amaral, así como sus abogados, haya afirmado que no reconocía los términos de la supuesta delación. Algunos juristas comentan que quizás ese no reconocimiento se deba a que los términos de la supuesta delación todavía no fueron homologados por la Corte Suprema, instancia a la que el senador tiene derecho por sus foros privilegiados. Poco importa que el autor de la filtración –alguien de la policía federal o del Ministerio Público– haya actuado justamente para inculpar a Lula y Dilma, en la hipótesis de que el senador desista de llevar adelante la delación premiada. Ha sido suficiente para sacudir cada centímetro del Palacio do Planalto, donde Dilma Rousseff tiene su despacho.

La abusiva conducción coercitiva a la que el juez Sergio Moro sometió a Lula da Silva el pasado viernes –ni siquiera en tiempos de la dictadura ex mandatarios fueron llevados para deponer en vehículos policiales– tuvo una primera, y seguramente inesperada, consecuencia: volvieron a las calles grupos defensores del PT y del principal líder político del país. Juristas de las más distintas tendencias y hasta integrantes de la Corte Suprema, que pueden ser clasificados de mil maneras excepto una, la de partidarios de Lula, criticaron duramente la iniciativa de Moro.

Otra consecuencia fue haber expuesto, de manera indiscutible, la consolidación de un esquema –hay los que prefieren directamente la palabra complot– armado entre los grandes grupos hegemónicos de comunicación, en especial la Tv Globo, mayor grupo mediático de América Latina, sectores de la policía federal y del Ministerio Público. A la cabeza, el juez de primera instancia que padece de aguda hipertrofia del ego y, de paso, mantiene fuertes vínculos con el PSDB, principal partido de oposición. Su padre, por ejemplo, fue el fundador del PSDB en su provincia, Paraná.

Curiosamente, la oposición terminó a remolque de ese esquema. Y ahora se siente envalentonada: dice que va a paralizar todas las actividades en la Cámara de Diputados, con obstrucción permanente, mientras no se abra el juicio de destitución de Rousseff.

El domingo 13 fue la fecha elegida por la derecha golpista para salir a las calles a exigir la inmediata defenestración de la presidenta. Se teme, y con razón, que la militancia de izquierdas, los movimientos sociales, los sindicatos y el mismo PT decidan salir a las calles para defender el gobierno. Si eso ocurre, será casi imposible evitar enfrentamientos violentos.

En ese clima de exasperación, con una oposición que además de no presentar propuesta alguna se niega a cualquier posibilidad de diálogo, con los medios hegemónicos de comunicación alardeando acerca del caos y el final de los tiempos, con un juez dispuesto a cualquier cosa con tal de destruir la imagen del mayor líder político brasileño del último medio siglo y acabar con un mandato conquistado por Rousseff en las urnas, se espera el domingo 13 o lo que pueda ocurrir antes.