En un contexto político y económico marcado por la privatización de los servicios públicos, es urgente construir un nuevo orden urbano, distributivo e incluyente, el cual debe quedar plasmado en la constitución de la Ciudad de México, manifestó el sociólogo Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Al dictar la ponencia El derecho a la ciudad en el foro Gasto social de gobiernos locales: justicia y equidad urbana, señaló que el reto es lograr una carta magna que haga valer este derecho, dando un papel central a sus habitantes.

Una constitución, agregó, que garantice el ejercicio pleno de los derechos humanos, priorice la función social de la tierra, promueva un manejo sustentable de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos, además de fortalecer el disfrute democrático y equitativo de la ciudad.

Ramírez Zaragoza explicó que uno de los ejes rectores más importantes del derecho a la ciudad es el denominado función social de la ciudad, la tierra y la propiedad, cuyo objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad.

Lo anterior implica que los espacios públicos y privados deben priorizar el interés social, cultural y ambiental, así como la participación ciudadana para la generación de una política pública urbana que regule el mercado del suelo y combatir los procesos de expulsión de personas de menores ingresos.

En su participación en dicho foro preparatorio a la Conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible Hábitat 3, señaló que si bien el derecho a la ciudad aún se está construyendo, permite la edificación de urbes con los principios de equidad, justicia social, democracia e inclusión, con el propósito de tener un desarrollo sostenible que permita a sus habitantes una vida digna.

Subrayó que la Ciudad de México tiene la oportunidad de alcanzar esos objetivos si en la carta magna capitalina se da un lugar primordial al derecho a la ciudad, que permita el reconocimiento y la integralidad de los derechos civiles, sociales, culturales, económicos, ambientales y de los pueblos para generar políticas que tengan como objetivo resolver los problemas de los habitantes de la ciudad, especialmente de los sectores más vulnerables y desprotegidos.