Xalapa, Ver.

Pensionados presentaron más de mil quejas contra la administración que encabeza el gobernador Javier Duarte de Ochoa por incumplimiento de pago de sus pensiones en tiempo y forma durante un año.

Las quejas, que involucran al secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, y al director del Instituto de Pensiones del Estado, Octavio Gil García, fueron presentadas este lunes ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a cargo de Namiko Matzumoto Benítez, por agremiados a la Coalición de Pensionistas Independientes (Copipev) procedentes de Xalapa, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Tuxpan, Pánuco y Tantoyuca.

Adriana Chávez Tejeda, vocera del Copipev, sostuvo: El retraso en el pago de una pensión significa no poder comprar la medicina que se necesita para vivir, no poder comprar alimento, no poder pagar la renta de donde se vive, no poder pagar al banco.

Durante 2015, el gobierno de Javier Duarte se atrasó en el pago de pensiones durante los 12 meses del año. Los afectados realizaron un plantón el 24 de diciembre para exigir el pago de las pensiones de noviembre y diciembre, así como del aguinaldo. Con una hora que retrasen el pago de nuestras pensiones se violentan nuestros derechos humanos; en este caso se trata de meses, planteó Chávez Tejeda.

Juan José Llanes, abogado de la Copipev, dijo que las quejas están fundamentadas en la premisa de que el incumplimiento de pago de pensiones en tiempo y forma vulnera el apartado B del artículo 123 de la Constitución federal, y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, el Protocolo de San Salvador y el Protocolo de Buenos Aires.

Los jubilados adelantaron que acudirán en caravana a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para dar a conocer lo que ocurre en Veracruz. La CEDH tendrá que observar con mucha atención este caso, porque si no lo hace de forma debida, la CNDH le va a corregir la plana, añadió.

Por la cantidad de personas que acudieron a presentar quejas y el volumen de los documentos, la ombudsman Namiko Matzumoto Benítez atendió a los jubilados en el estacionamiento de las instalaciones de la CEDH. En breve mensaje, celebró que los pensionados acudieran a esa instancia y prometió desempeñarse con autonomía en el análisis de los casos y la emisión de la recomendación.

Matzumoto Benítez reconoció que el pago de pensión es una de las garantías sociales estipuladas en la Constitución y tratados internacionales firmados por México. Las mil quejas interpuestas esta semana ante la CEDH se sumaron a la presentada por el desalojo policiaco de una protesta de jubilados el 24 de diciembre de 2015, y a seis demandas presentadas ante la Fiscalía General del Estado por atraso en el pago de pensiones.