La declaración de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que encabeza Alfonso Navarrete Prida, en contra de la huelga de ArcelorMittal Hierro, compromete el estado de derecho y al gobierno, ya que el paro estalló después de que 15 veces se prorrogó el emplazamiento, y que tras ocho meses de negociaciones fue la empresa la que se levantó de la mesa de negociaciones. Además de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) determinó, de forma arbitraria, archivar el expediente.

Los abogados del Sindicato Nacional de Mineros, Nahir Velasco y Óscar Alzaga, señalaron lo anterior después de explicar que el 4 de marzo la empresa se negó a continuar negociando y la JFCA repentinamente dejó su papel de conciliador para erigirse en enemigo del derecho de huelga y la Constitución, para servir al patrón. Al contravenir sus propios acuerdos de 15 oca-siones previas, según consta en el expediente III-260/2015.

La JFCA, que había aprobado las múltiples prórrogas acordadas por las representaciones de la empresa y de los trabajadores, invocó un proceso ajeno al caso, de un sindicato que en solitario pospone su emplazamiento, sin la presencia patronal, para así negar el derecho a huelga y salir con una resolución de archivar el expediente, sin base legal alguna, precisaron.

Hicieron ver que con la acción ilegal y arbitraria de esta instancia se pone en riesgo no sólo el derecho de huelga en el país, sino también la tarea de conciliación para la cual fue creada la JFCA. Pierde además su carácter de tribunal imparcial, pero lo más grave: pone en peligro el estado de derecho y sus leyes, lo mismo que la Secretaría del Trabajo, que suma su opinión en contra del derecho de los trabajadores a la huelga.

“La JFCA –que encabeza Jorge Alberto Zorrilla Rodríguez– carece de bases legales, constitucionales e internacionales, incluso de la lógica, al archivar el expediente de huelga”, señalaron los representantes, y cuestionaron: ¿no debe ser imparcial la Secretaría del Trabajo y autónoma la JFCA ante el conflicto? ¿Por qué apoyar al patrón?

Sostuvieron que desde el 18 de junio de 2015 este gremio comenzó el procedimiento jurídico ante la autoridad y emplazó a huelga por violaciones contra el contrato colectivo de trabajo, pues la ley prevé que sea mediante este mecanismo como se obtenga la solución a un conflicto. De otro modo, los trabajadores no tendrían ningún recurso de defensa ante el incumplimiento de las empresas de los acuerdos, convenios y contratos pactados ante la autoridad.

Desde su punto de vista, no hay precedente de tan aberrante resolución de la junta de archivar el derecho de huelga, invocando casos absolutamente inaplicables, como si en este caso se tratara de que el sindicato de manera unilateral prorroga varias veces su emplazamiento sin el acuerdo de la empresa. El argumento aplicado por este tribunal es totalmente ilegal, carece de lógica y aun de sentido común.

Por ello la resolución de este tribunal laboral es inverosímil y el apoyo de la secretaría a la misma compromete el estado de derecho, el carácter legal de la huelga y la protección de los trabajadores que establece la Consti-tución; consecuentemente compromete al gobierno, como principal garante de estos derechos y de la justicia, indicaron Alzaga y Velasco.

Puntualizaron que este gremio pide al presidente Enrique Peña Nieto que se respete el derecho de huelga, el cual está contenido en las leyes nacionales e internacionales, que se rechace todo tipo de represalia contra los obreros en huelga –cabe señalar que parte del conflicto es la demanda de reinstalación de los trabajadores despedidos– y se abra la vía conciliatoria y el diálogo para la solución.