esde que lo instalaron en el puesto, Alfonso Navarrete Prida, secretario peñanietista del Trabajo, no ha dejado de presumir, un día sí y el siguiente también, que tenemos tantos más cuantos meses sin huelgas en el ámbito federal, lo que, según dice, garantiza la paz laboral en México. Debemos agradecer la actitud responsable que tienen los actores de la producción (empresarios y trabajadores) para que esto ocurra, celebra sonriente.

¡Felicidades!, pero ahora queda claro –por si hubiera duda– por qué hace mucho que en este país no estallan huelgas de competencia federal: simplemente, porque la Secretaría del Trabajo las declara inexistentes o ilegales (que para eso tiene a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, presidida por Jorge Alberto Juan Zorrilla Rodríguez) antes de que los sindicatos siquiera hagan el intento de colocar las banderas rojinegras. Y de las huelgas que estallaron años atrás, pues ni quién se acuerde (como las mineras en Taxco, Guerrero, y San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, en tal situación desde el 30 de julio de 2007; la de Cananea la arreglaron a golpe de porras y porros).

Seis gobiernos neoliberales al hilo arrasaron con los sindicatos, y –salvo honrosísimas excepciones, como el Nacional de Mineros, que preside Napoleón Gómez Urrutia– ahora prácticamente todas las organizaciones que dicen defender a los trabajadores son más blancas que la nieve con contratos de protección (nueve de cada diez a nivel nacional) que resguardan al patrón y evitan emplazamientos a huelga. ¿Capisce, Poncho?

Que no hay huelgas, pues (Navarrete Prida dixit)… o casi, porque el viernes pasado la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (que agrupa a cerca de 3 mil 500 trabajadores) estalló la huelga en la planta de Arcelor Mittal (antes Sicartsa, empresa del Estado) en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por violaciones al contrato colectivo de trabajo y la intentona de correr, sin más, a 300 trabajadores.

¿Y qué sucedió? Pues que Navarrete Prida volteó para otro lado y sentenció que no hay huelga. El sindicato minero lo denunció así: “la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 60 minutos antes de la hora fijada para el inicio de la huelga (las 11 am), de manera ilegal e inconstitucional ‘archivó’ el expediente de huelga, lo que abre una peligrosa perspectiva de que esta huelga sea declarada nula por ese organismo, y aprovechando el sabadazo que está en marcha por esa decisión, se proceda posteriormente a la represión de los trabajadores huelguistas de Lázaro Cárdenas. Michoacán”.

El sindicato presidido por Gómez Urrutia envió una carta al inquilino de Los Pinos, por medio de la cual solicita su intervención, porque el hecho de que la JFCA haya archivado el expediente de la huelga (número III-2601/2015) tiene el peligro de que ella sea declarada nula y que entonces pueda procederse al desalojo y la represión de los trabajadores que ya están en huelga, con los consiguientes daños a la paz social, las violaciones al estado de derecho y a los derechos humanos de los huelguistas.

Tal acción, subrayan los mineros, pone en entredicho el estado de derecho, ya que archivar el expediente sólo responde a una acción ilegal e inconstitucional. El procedimiento de huelga tiene varias opciones legales, como la conciliación, la prórroga del estallido, etcétera, mismas que llevamos a cabo desde el 18 de junio de 2015 ante la Junta Federal, por iniciativa del sindicato y la empresa. Pero al llegar hoy a la negativa de la empresa de solucionar las violaciones cometidas al contrato colectivo, sorprendentemente la JFCA actúa contra el derecho constitucional de huelga, sin ofrecer otra vía más que la cerrazón de la autoridad.

He allí, pues, cómo es que para Navarrete Prida en México no hay huelgas de carácter federal. Simplemente se archivan los expedientes, se niega su existencia y/o se declaran ilegales antes del estallamiento y ¡listo!: desaparecen.

El sindicato minero revira que es ilegal la postura de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ante la huelga estallada el 4 de marzo, pues desde el 18 de junio de 2015 inició el procedimiento jurídico ante la autoridad y en ocho meses y días se prorrogó el estallido de huelga en 16 ocasiones, lo mismo que el emplazamiento a huelga, por acuerdo entre la empresa y el sindicato, con la aprobación de la JFCA, por pláticas conciliatorias para evitar la huelga. No puede la JFCA ir contra sus propios acuerdos y criterios.

Y detalla: el 4 de marzo la empresa se negó a conciliar, y la JFCA repentinamente dejó su papel de conciliación para erigirse en enemiga del derecho de huelga y la Constitución, sólo para servir al patrón. Al contravenir sus propios acuerdos de 15 ocasiones previas, del expediente: III-260/2015, la junta pone en riesgo el derecho de huelga y la conciliación que es la principal vía de solución de las huelgas en México y en el mundo. El criterio arbitrario actual de la JFCA pone en peligro el estado de derecho y sus leyes.

El sindicato minero ha sido respaldado por los Steel Workers de Estados Unidos y Canadá, quienes también enviaron una carta a Peña Nieto: existe gran preocupación en todo el mundo por las violaciones de los derechos laborales y humanos en México. El gobierno federal tiene la oportunidad de demostrar su respeto por el derecho internacional, específicamente el de huelga (Convenio 87 de la OIT). Como titular del Poder Ejecutivo, garantizar que el derecho de huelga sea respetado, que no se cometan actos de represión contra los trabajadores y que la JFCA haga todos los esfuerzos para establecer un diálogo entre las partes que permitan una justa y pacífica solución de este conflicto. Nuestro sindicato, que tiene estrecha relación tanto con el sindicato como con la empresa, hará todo lo posible para apoyar una resolución de ese tipo. Firma la misiva Leo W. Gerard, presidente internacional de USW.

Pero tranquilos, que ya dijo el de los relojes carísimos: en este país no hay huelgas.

Las rebanadas del pastel

El recorte presupuestal 2016 (el segundo en tres años de EPN) es de importancia estratégica para la nación, pero los diputados aceptan sin chistar que sea el subsecretario de Hacienda, y no el titular de esa cartera, Luis Videgaray, quien asista a San Lázaro a explicar el por qué del tijeretazo. Entonces, si el ambiente económico-financiero se enrarece aún más tocará al bolero de la institución explicar de qué se trata, porque a mayor problema menor jerarquía.

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