l complejo hotelero-turístico sería imponente, modernísimo, al pie de las olas del mar y en una de las playas privilegiadas y mejor conservadas de la provincia de Almería, en España: el Algarróbico. Para levantarlo, las instancias oficiales dieron los permisos requeridos y las obras comenzaron en 2003. Pero el terreno para construir la gigantesca mole de cemento es parte del parque natural Cabo Gata-Níjar. Y además, invadía la franja litoral de 100 metros tierra adentro desde donde rompen las olas y que oficialmente no es área urbanizable. Tres años después, y cuando el hotel estaba casi terminado, lo clausuraron debido a éstas y otras irregularidades. Además, se puso en duda quién era el propietario legal del terreno. En esa clausura jugaron un papel importante organizaciones defensoras del ambiente y los recursos naturales y el gobierno de Andalucía.

Como suele ocurrir cuando se echan a caminar proyectos como el aludido, donde la complicidad entre funcionarios y empresarios se adereza con corrupción, la idea era terminarlo lo más pronto posible. Tiempos en que la llamada fiebre del ladrillo estaba en su apogeo y la especulación del suelo a la orden del día. Esa época dorada parecía no tener fin. La grave crisis económica registrada a partir de 2008 afectó especialmente al sector de la construcción y la economía de miles de familias españolas. Los bancos y otras instituciones financieras que propiciaron la especulación, quedaron a salvo gracias al apoyo ­gubernamental.

De 2006 a 2012 los integrantes del tribunal regional que debía resolver, entre otras cosas, si el hotel estaba o no en suelo urbanizable no se pusieron de acuerdo al respecto. El asunto terminó finalmente en el máximo tribunal de justicia de España. Luego de estudiarlo en todos sus aspectos dio recientemente la razón a los que denunciaron las irregularidades. El hotel estaba en un área ambientalmente protegida y no urbanizable y, por tanto, procedía demolerlo, justo 10 años después de su clausura. En el otro extremo, los dueños del adefesio arquitectónico exigen una indemnización cercana a los 35 millones de dólares pues alegan que las autoridades les otorgaron todos los permisos para realizar el magno proyecto. Por su parte, la autoridad ambiental dice estar dispuesta a comprar el terreno donde está la mole de cemento, pero nada más.Toca ahora el gobierno de Andalucía decidir si el hotel es demolido o queda como monumento a la avaricia empresarial a costa de la naturaleza.

Si traigo a colación este caso es porque en México lo más frecuente es que los intereses económico-burocrático-político permitan que se edifiquen hoteles y lujosas residencias donde está prohibido. Como la zona marítima federal terrestre, franja de apenas 20 metros tierra adentro a partir de donde rompen las olas marinas. Si está demostrado que el cambio climático eleva el nivel del mar, una franja tan reducida prueba que las instancias federales, estatales y municipales de los estados costeros y el Congreso de la Unión van en sentido contrario a proteger las áreas urbanas, terminales marítimas, cultivos y actividades como la petrolera y petroquímica. En muchos países las áreas de protección costera ocupan ahora un mayor espacio terrestre. En la Cumbre de París se mostraron los efectos nocivos que sobre islas y continentes ocasiona el aumento del nivel del mar.

En México sobran los ejemplos. Como al sur de Tabasco, Cancún y la Riviera Maya, los 120 kilómetros costeros que van de esa ciudad a Tulum. En Cancún desaparecieron las playas por arrasar los manglares y otras formaciones vegetales que protegían de la erosión. Las playas artificiales han sido un costoso fracaso. Igual en Playa del Carmen. En sentido contrario a lo que muestra la realidad, las autoridades municipales y las federales dan licencias para edificar hoteles y lujosas residencias (algunas de estadunidenses) en los 20 metros que constituyen la zona marítima federal terrestre. El mar cobrará a su tiempo estas agresiones al medio. Mientras, acrecientan su fortuna los empresarios, funcionarios y políticos que, cobijados por la impunidad, permiten construir donde no se debe.