un cuando de inmediato se abrió un litigio público respecto de la autenticidad del lazo familiar que ostenta Rosa Isela Guzmán Ortiz, presunta hija mayor de Joaquín Guzmán Loera, y en cuanto a la veracidad y contexto de sus afirmaciones, éstas encajaron con rapidez en la extendida percepción de que el narcotráfico y, en general, el crimen organizado, concurren como importantes fuentes de financiamiento para ciertas campañas y procesos electorales y que, a cambio, los políticos llegados al poder ofrecen y garantizan protección y viabilidad para la continuidad de esos negocios criminales, llegando incluso a la celebración de acuerdos para hechos espectaculares como la fuga de capos señeros.

El tema fue puesto sobre la mesa por The Guardian, a través de un reportaje realizado por José Luis Montenegro (escritor y periodista, entre la Ciudad de México y Nueva York, autor del libro en versión electrónica Narcojuniors, los herederos del poder criminal) y Rory Carrol. El trabajo fue publicado por el diario inglés en su edición de fin de semana y reproducido en México por la revista Proceso. A la publicación europea le interesó en particular, y así planteó su encabezado del tema, que el más conocido de los narcotraficantes mexicanos hubiera entrado a Estados Unidos en dos ocasiones mientras estaba prófugo. En México lo más llamativo fueron las palabras de Guzmán Ortiz referidas a los entendimientos económicos y operativos entre los jefes de los cárteles.

Según los señalamientos de la supuesta hija, quien es ciudadana de Estados Unidos y tiene una serie de negocios en California, El Chapo habría sido traicionado por el gobierno mexicano y por su socio histórico, Ismael Zambada, alias El Mayo (versiones ambas que, de ser ciertas, estarían por desatar confrontaciones y venganzas sangrientas por doquier, conforme suele suceder en esos casos en el mundo de los poderes criminales). Los entendimientos serían tan precisos que incluso la más reciente de las fugas del nacido en Badiraguato habría sido mediante un acuerdo, pues sería una protección oficial comprada.

Cuando se le pidieron pruebas de tales negociaciones, Guzmán Ortiz dijo que sólo sabía que su padre le había dicho a su abogado que le entregara unos cheques al representante de campaña, sin precisar nombre de éste o del candidato o partido beneficiados, y le pidió que lo respetara. Incluso la familia estaría considerando dar a conocer datos de los cheques. Un indicio que llevaría a asumir que las acusaciones son contra funcionarios federales actuales, que estaban en campaña pocos años atrás, lo da el fraseo de la entrevistada, al señalar que el acuerdo no había sido respetado y que ahora que lo atrapan dicen que es un delincuente, un matón, pero eso no decían cuando pedían dinero para sus campañas, ¡son unos hipócritas!

La esposa de Guzmán Loera, la joven Emma Coronel, tomó distancia con rapidez. Planteó que no hay confirmación del parentesco y que Guzmán Loera apenas se habría enterado de su presunta paternidad y que había contestado algunas cartas por cortesía. Coronel pidió que no se agregue conflictividad a la difícil situación de su esposo. Por su parte, partidos opositores al PRI demandaron que se abran investigaciones sobre los dichos de la presunta hija, en específico sobre financiamiento de campañas electorales.

Cierto es que de nada de lo declarado por Guzmán Ortiz hay pruebas. Sólo su palabra, con el agregado, obviamente sin confirmación, de que la serie de entrevistas dada por la mujer de 39 años de edad había sido con la aprobación de su padre. Pero los señalamientos realizados tienen asidero muy creíble en la realidad y por ello no son tomados como meras invenciones. A los ojos de los mexicanos transcurren las campañas electorales de los principales partidos (sobre todo, del más principal) entre ríos de dinero de origen ilegítimo. Dinero oscuro que produce gobiernos que dan protección a los otros mafiosos. Esos son los hijos políticos no sólo de El Chapo, sino de un sistema que funda la construcción del poder en el uso abundante, exagerado, determinante del dinero, provenga de donde provenga, y que acaba mimetizándose con los propios criminales explícitos. Los hijos de El Chapo.

Astillas

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, vetó a Carlos Joaquín González (medio hermano de Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía) para que no fuera candidato del PRI a la sucesión estatal, pero no pudo colocar a quien él quería, el diputado federal José Luis Toledo, apodado Chanito. A fin de cuentas, en estos primeros episodios, el ganador fue el ex gobernador Félix González Canto, actual senador, quien en su momento puso a Borge como candidato y ahora logró imponer a su promovido, el presidente municipal de Solidaridad (con cabecera en Playa del Carmen), Mauricio Góngora. Falta ver si de verdad el PRI pelea a fondo con este candidato negociable o si el candidato original de Los Pinos (el citado Joaquín González, quien fue subsecretario de Turismo en el gabinete de EPN) es llevado al triunfo como opositor, ahora que fue recolectado por PRD y PAN… La arquidiócesis de México, a través de su semanario Desde la fe, estipuló que no hay razón alguna para que el papa Francisco hubiera regañado a los obispos mexicanos, pues estos han acompañado al pueblo sufriente y apaleado y no viven una vida de príncipes, sino de entrega al prójimo. Además, la publicación católica, cuyo responsable es Norberto Rivera, coloca al pontífice en condición de personaje de poco criterio propio, manipulable, pues se habría dejado mover por la mano de la discordia y algunas de sus palabras en México habrían sido producto de un mal consejo de alguien cercano a él (eso sí, Norberto no señaló por su nombre al arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, quien se mostró en la gira papal más cercano e influyente con el visitante que el cardenal antes primado, ahora despechado)... ¡Hasta mañana!

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