as autoridades migratorias de Honduras impidieron al activista ambiental mexicano Gustavo Castro Soto abandonar ese país ayer. Castro Soto es testigo sobreviviente del asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres, perpetrado hace cuatro días en la localidad La Esperanza, unos 200 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa.

Castro Soto, integrante de la organización Otros Mundos Chiapas/ Amigos de la Tierra México, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y del Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo Extractivo Minero (M4), se encontraba en la vivienda de la lideresa al momento de la incursión de los asesinos, los cuales dispararon también contra él y lo dieron por muerto, debido a que el activista fue herido en un brazo y recibió un rozón de bala en la cara que lo hizo sangrar profusamente.

La relevancia judicial de su testimonio es indudable, y ello explica que el gobierno hondureño lo requiera en el país. Pero no puede obviarse que su permanencia en la nación centroamericana entraña, por eso mismo, un grave riesgo para su vida.

Si las autoridades de Honduras no fueron capaces de proteger la vida de Berta Cáceres, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido una orden de medidas cautelares a su favor, no parece sensato confiar en su capacidad o en su voluntad de dar la protección debida al connacional retenido.

La circunstancia resulta doblemente preocupante si se considera que la familia de la dirigente asesinada ha señalado a un poderoso grupo empresarial como instigador del crimen y que la violencia homicida en el país centroamericano se encuentra fuera de control. Sin ir más lejos, la tarde del sábado pasado se perpetró en la capital hondureña una matanza en la que murieron 12 personas y varias resultaron heridas.

En tales condiciones, y mientras Castro Soto no reciba la autorización para abandonar el país, la embajada mexicana en Tegucigalpa deberá extremar las medidas de seguridad en torno a él, y la Secretaría de Relaciones Exteriores debe exigir a las autoridades del país hermano que otorguen todas las facilidades para proteger al activista y permitirle abandonar el territorio hondureño en cuanto se celebren las diligencias en las cuales pueda resultar necesaria su presencia.

Por el peligro en que se encuentra y por la importancia de su testimonio, no debe escatimarse recurso alguno para preservar la integridad de Gustavo Castro Soto.