e acuerdo con el Informe financiero 2015 que Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la plantilla laboral de la antigua paraestatal descendió de 153 mil 85 a 138 mil 391 trabajadores, una pérdida de 9.5 por ciento de su fuerza laboral entre el 31 de diciembre de 2014 y el cierre de diciembre de 2015. Estas cifras representan el despido, jubilación o retiro anticipado o voluntario
de 14 mil 694 empleados, mil 224 por cada mes del año anterior, es decir, 4 mil más de los originalmente reconocidos a inicios de este año.
Los datos presentados por la empresa petrolera indican que los recortes masivos de personal se iniciaron antes y fueron de mayor alcance que los formalmente anunciados a finales de enero pasado, cuando el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la cancelación de 10 mil 553 plazas presupuestarias de carácter permanente
a lo largo de 2016.
Cabe recordar que, de manera adicional a este considerable estrechamiento del mercado laboral en el sector público, la restructura de Pemex emprendida a raíz de la reforma energética impulsada por el gobierno federal incluye la suscripción de un nuevo contrato colectivo de trabajo lesivo a los intereses de los empleados y sus familias. En este rubro destaca la imposición de un esquema de cuentas individuales para el retiro y un aumento tanto en la edad de jubilación –de 55 a 60 años– como en el periodo de servicio –de 25 a 30 años– para los trabajadores que se retiren antes de 2020. El esquema se recrudece para quienes busquen jubilarse a partir de 2021: estos empleados deberán esperar hasta alcanzar 65 años.
Hasta ahora, el discurso oficial presenta el constante adelgazamiento de la petrolera como efecto exclusivamente de fenómenos externos, entre los que se inscriben la caída abrupta en los precios internacionales del petróleo desde finales de 2014 o la depreciación del peso frente al dólar. Sin embargo, es ineludible reconocer que se está ante un desmentido claro a las publicitadas bondades de la reforma energética, entre las cuales presuntamente se encontraría el fortalecimiento y modernización a la ahora llamada empresa productiva del Estado.
Así, cabe preguntarse si el reciente nombramiento de José Antonio González Anaya como director general de Petróleos Mexicanos busca, como le encomendó el presidente Enrique Peña Nieto, aprovechar al máximo el potencial de la citada reforma o si, por el contrario, la designación del funcionario lo pone como mero gestor de la debacle.
En el fondo, la crisis de Pemex proviene de un esquema nocivo con el cual se le retiró el monopolio de la exploración, explotación y distribución de hidrocarburos pero se dejó intacto el régimen fiscal lesivo y absolutamente excepcional que impide a la empresa contender en condiciones de igualdad con sus competidoras nacionales y extranjeras. Basta señalar que durante 2015 los impuestos, derechos y aprovechamientos supusieron el 400.7 por ciento de su rendimiento de operación, un incremento catastrófico respecto del 121.2 por ciento registrado en 2014.
En vista de estos elementos, cabe concluir que pese a todas las modificaciones emprendidas por la actual administración federal, no se han aplicado los cambios necesarios para robustecer a la empresa. Queda claro que mientras no se modifiquen sustancialmente los términos en que opera Pemex –comenzando por su régimen fiscal y la sangría de personal–, no habrá espacio para la planeación, innovación y competitividad presuntamente deseadas.
