Con una asistencia inicial de 298 diputados (de un total de 500) empezó la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, donde se aprobó un punto de acuerdo –respaldado por todas la fuerzas políticas– para que el gobierno federal y los órganos autónomos se sumen a la obligación de transparentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.

Los legisladores, que al final de la sesión no sumaban más de 150, también aprobaron un exhorto al gobierno federal para que se construya una agenda de desarrollo y creación de empleo en Campeche y Tabasco.

La propuesta presentada por el PRI recibió respaldo mayoritario; no obstante, la representante de Morena, Rocío Nahle, reprochó el estado de indefensión en que se encuentran no sólo los trabajadores de dichas entidades, sino en todo el país, y exigió al gobierno reactivar la industria petrolera nacional como motor de desarrollo.

También se recibió el informe sobre el programa de transición a la televisión digital, el cual especifica que a lo largo del país se entregaron 10 millones de aparatos de alta definición, y en los 186 centros de acopio apenas se recibieron 8 mil 993 televisores analógicos.

Mientras el número de legisladores que asistió a la sesión ordinaria se reducía, la presidencia de la mesa directiva sometió a votación una reforma a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, que sea aprobada por unanimidad, porque los grupos parlamentarios consideraron viable que la administración pública otorgue puntos a empresas con personas físicas que cuenten con trabajadores en un rango de edad de 18 a 25 años. También, las entidades del sector público deberán recurrir primeramente al Conacyt para recibir asesoría de estudios de investigaciones e incluir la contratación de artesanos, ganaderos y mujeres afiliadas al régimen de incorporación fiscal.

Durante la sesión de ayer, la mesa directiva presentó la modificación a la Ley General de Salud, promovida por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, con el propósito de incluir en el cuadro básico de medicamentos aquellos que contengan derivados de la cannabis, para utilizarse en tratamientos específicos.

La reforma al artículo 237 y 245 de la Ley General de Salud fue promovida también por el diputado Juan Fernando Rubio, argumentando la autorización para el uso de los citados fármacos, que hasta ahora son prohibidos y cuyas sustancias se importan.

En los trabajos finales de la sesión se incluyó un punto de acuerdo promovido por Movimiento Ciudadano (MC) para que el gobierno federal y los organismos autónomos sean incluidos en la revisión patrimonial denominada Tres de Tres.

Tal iniciativa fue puesta en la mesa por el coordinador de MC, Clemente Castañeda, quien consideró necesario que los funcionarios públicos informen a la sociedad el origen de sus propiedades, para evitar cualquier sospecha de actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito. La mayoría de los grupos parlamentarios se sumaron a la propuesta que se turnó al Ejecutivo.