La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que autoridades del estado de Guerrero violaron los derechos de Nestora Salgado García y otros seis integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) durante su detención.

Además, señaló que otras ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad, detenidas en la Casa de Justicia de El Paraíso, también fueron objeto de abusos físicos y trato inhumano por policías comunitarios, quienes violentaron su derecho a la integridad personal, trato digno, libertad sexual y derecho a una vida sin violencia.

En la recomendación 9/2016, dirigida a diversas autoridades del gobierno de Guerrero, la CNDH señaló que a las irregularidades cometidas en las detenciones de los seis policías de la CRAC-PC se suma el hecho acreditado de que tres de ellos fueron víctimas de tortura y otros tres recibieron tratos crueles y degradantes.

La recomendación de 176 cuartillas, cuya integración duró más de dos años, advierte que la CNDH no tiene facultades para investigar delitos y para determinar la responsabilidad penal de V1 –como es identificada Nestora Salgado–, cuestión que atañe al Ministerio Público y a las autoridades judiciales a cargo de las causas penales que se le siguen, como en el resto de las acusaciones que enfrentan en diversas causas penales.

El segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama, explicó a La Jornada que la comisión recibió desde agosto de 2013 varias denuncias, tanto de policías comunitarios como de las personas que estuvieron internadas en los centros de reducación, y ambas fueron atendidas e investigadas.

Dichas denuncias se refieren a hechos que implicaban presuntas violaciones a derechos humanos, como detención arbitraria, ataques a la libertad e integridad personal, faltas al debido proceso, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la aplicación del sistema comunitario de justicia conforme a usos y costumbres, con base en lo dispuesto por instrumentos internacionales, así como en leyes y normas nacionales, estatales y locales.

En sus conclusiones, la CNDH señala que a nivel colectivo, las autoridades estatales vulneraron la autodeterminación y la autonomía de las comunidades indígenas que integran el Sistema Comunitario de Justicia. Pero también indica que las autoridades comunitarias incumplieron su obligación de conducirse con pleno respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas bajo su custodia.

La CNDH encontró que las violaciones, tanto de las autoridades comunitarias como de las personas sancionadas por el Sistema Comunitario de Justicia, fueron motivadas, en buena medida, porque los ámbitos de actuación, procedimientos y atribuciones de las autoridades estatales y de las comunitarias no están claramente delimitados, ya que la fuente normativa es deficiente, ambigua y omisa en muchos aspectos.

Por ello, una de las recomendaciones al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, es presentar iniciativas de ley y reformas para asegurar el pleno respeto a la autonomía y determinación de los pueblos y comunidades indígenas, y a la Fiscalía General del Estado, reparar el daño a integrantes de la CRAC-PC y que se investigue y sancione a los servidores públicos involucrados en las detenciones, tanto de las autoridades estatales como del Sistema de Justicia Comunitario.