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Por un código de ética para la antropología en México
E

l grupo Antropólogos por un Mercado Laboral Digno y Justo, cuyos integrantes manifiestan distintas filiaciones institucionales, me hizo llegar una carta abierta y posicionamiento en torno al código de ética publicado por el consejo directivo 2013-2015 del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales AC.

Este documento, dirigido al consejo directivo de este colegio, sus socios y los colegas de las disciplinas sociales, constituye una fundada convocatoria para el análisis crítico del ejercicio de la ciencia social en México, a la luz de las denuncias sobre el uso mercenario de antropólogos, geógrafos y sicólogos en tareas contrainsurgentes, policiales y de inteligencia en las guerras neocoloniales de Estados Unidos y, en la especificidad nacional, a partir de los graves dilemas éticos que para los científicos sociales provocan las llamadas reformas estructurales de los gobiernos neoliberales, el desvío de poder del Estado, y la ocupación de los territorios por parte de las corporaciones trasnacionales.

Este grupo señala que la directiva del CEAS circula entre sus afiliados un código de ética que no ha sido ampliamente debatido y, sobre todo, que no se ha elaborado a partir de las actuales realidades de la investigación antropológica en México, y propone que este código parta de un diagnóstico sobre el ejercicio profesional de la antropología en el siglo XXI. Se aduce que el documento del CEAS presenta problemas similares a los del código de ética de la American Anthropological Association (AAA), en el cual se inspiró; esto es, el carácter no vinculante de sus contenidos y el abordaje de la práctica de la antropología como una actividad individual, desligada de su contexto político. Incluso, la crítica de las y los jóvenes antropólogos es más incisiva: “… dada la influencia que el código de Estados Unidos tiene en el código del CEAS, este último debe reconocer que los principios de responsabilidad profesional de Estados Unidos, lejos de desalentar la participación de miembros del gremio en intervenciones y trabajos que de facto dañan a los sujetos (individuales y colectivos) investigados, han acompañado la colaboración de científicos sociales en proyectos militares y de ingeniería social, tal como lo demuestra el programa estadunidense de Equipos Humanos en el Terreno en Afganistán e Irak”.

Los redactores de la carta abierta describen el establecimiento de las Expediciones Bowman a través del proyecto México Indígena, y reclaman el mutismo del CEAS frente a las denuncias de las comunidades zapotecas, demandando que el colegio no sólo se pronuncie sino que investigue y proceda legalmente. “El código de ética del CEAS no sólo reproduce el código de ética de la AAA como documento, sino que el propio contexto en que se insertaría dicha ‘guía de comportamiento social’ [se refieren a la guía de Murdock] la convertiría también en el corolario de la participación política de científicos sociales en empresas militares. Esto queda expuesto con el silencio de los científicos sociales, y sus colegios, sobre la participación de investigadores mexicanos en el proyecto México Indígena, diseñado y administrado por geógrafos estadunidenses de la Universidad de Kansas, y financiados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos… El silencio de los antropólogos frente a estos hechos nos vuelve cómplices en el proceso de creciente integración de México a Estados Unidos”.

También, en la carta abierta se reflexiona en torno al papel de los científicos sociales como instrumentos del Estado neoliberal, las secretarías de gobierno y las empresas trasnacionales en labores de evaluación de los posibles impactos sociales de determinadas políticas o proyectos, eventuales propuestas de mitigación, en lo que se considera ingeniería de conflictos, con sus concomitantes tareas de convencimiento de población y mapeo de actores, como se pretende hacer con el uso de la antropología al servicio de la reforma educativa, según propuesta de conocido colega.

Las críticas y el desarrollo argumentativo conducen a los y las firmantes de la carta abierta a recordar los orígenes fundacionales del CEAS, a finales de la década de los años 70 del siglo pasado, cuando llevó a cabo una investigación colectiva que coadyuvó en la cancelación del convenio entre el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y la Secretaría de Educación Pública, época en la que el colegio se autodefinía, según aparece asentado en la carta abierta, como: una organización de profesionales conscientes de que en el capitalismo la ciencia social en general, y la antropología en particular, han sido un instrumento del colonialismo, del imperialismo y de los gobiernos de los estados nacionales dependientes, en aquellas áreas estratégicas para su consolidación, desarrollo y expansión. Sin embargo, estamos convencidos de que existe otra vocación de los científicos sociales y es aquella que se identifica con los intereses genuinamente populares. En este sentido, el colegio considera como una de sus esenciales obligaciones velar por que la práctica de la antropología en México no se encamine a defender, asesorar o justificar ningún sistema de explotación ni de opresión. Por ello, el colegio, desde su fundación, ha mantenido una posición clara y firme en torno a la utilización cómplice de la antropología tanto por parte del Estado como de otros organismos e instituciones. Las y los antropólogos en su carta abierta juzgan necesario recuperar esta vocación [de los integrantes fundadores del CEAS] a la luz de las reformas estructurales y de la persistencia de las intervenciones académico-militares que de hecho han dañado a los sectores sociales con los que el colegio dice estar comprometido.

En respuesta reciente a la carta abierta, el consejo directivo del CEAS sostiene que el código de ética sí fue debatido por sus socios y presentado públicamente en diversos congresos, desde 2012 a la fecha, afirmando que es la única institución de antropólogos a nivel nacional que cuenta con una guía de comportamiento ético relativo a nuestro quehacer disciplinario.

Replica formal que, sin duda, deja abierto el debate a las cuestiones de fondo.