e acuerdo con el Sistema de Indicadores Cíclicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), desde finales de 2015 México entró en una fase recesiva de su ciclo económico de largo plazo. Dicha información confirma una serie de anuncios que en los últimos días apuntaban a una evolución negativa de la economía mexicana durante los próximos meses, así como a potenciales problemas a mediano y largo plazos.
Ayer, la Bolsa Mexicana de Valores informó que sólo durante la segunda quincena de enero salieron del país 6 mil 173.5 millones de dólares, es decir, 4.6 por ciento del capital extranjero invertido en la propia bolsa, mientras entre octubre de 2015 y el primer mes de este año la fuga de capitales ascendió a 17 mil 407.2 millones de dólares. Por su parte, el Banco de México presentó en su informe trimestral un recorte de medio punto en su pronóstico de crecimiento para 2016, situándolo entre 2 y 3 por ciento del producto interno bruto, con lo cual puede descartarse que el escenario negativo vaya a disiparse en los próximos meses.
Estas cifras, por sí mismas, contradicen el optimismo oficial sobre la supuesta solidez de las finanzas nacionales y la pronta recuperación en el ritmo de crecimiento. El país asiste, por el contrario, a una confluencia de factores muy peligrosos para su estabilidad económica, que amenaza con consecuencias devastadoras para los sectores populares y aun para la mayor parte de las clases medias.
Si la crisis golpea a los segmentos menos favorecidos de la población –como ha ocurrido invariablemente en ciclos recesivos anteriores–, sus efectos podrían sumarse al descontento existente por la exasperante impunidad con que actúa el crimen, la extendida corrupción de la clase política y la falta de perspectivas de desarrollo personal y social, que ha sido el signo de las últimas décadas. A ello han de agregarse los saldos de descontento y malestar dejados por las diversas reformas estructurales.
La conjunción de todas estas circunstancias en un escenario recesivo puede traducirse en estallidos sociales y en el agravamiento de la ingobernabilidad en que se encuentran diversas regiones del país. Tal perspectiva resulta indeseable, desde luego, para todos los actores y sectores del acontecer nacional. Es urgente, por ello, una corrección del rumbo económico. En lo que toca al gobierno federal, es evidente que no puede postergarse la puesta en práctica de medidas efectivas de protección de la economía popular, creación de empleos y recuperación del mercado interno basado en los ingresos reales de los trabajadores.
