El Instituto Nacional Electoral (INE) pagará mucho más por rentar mil 96 vehículos a un costo de 935.4 millones de pesos que si los comprara. La Contraloría General del instituto determinó que aun si los hubieran adquirido unidad por unidad, no al mayoreo, habría gastado 50 por ciento menos.

En 2015, cuando el INE suscribió uno de los contratos más cuantiosos con la empresa Jet Van Car Rental, generó polémica al conocerse que equivalía a pagar 853 mil pesos, en promedio, por cada vehículo durante cuatro años, cuyos montos en el mercado eran de la mitad o menos.

Tras evaluar la rentabilidad de este esquema, la contraloría indicó en su Informe anual 2015 que solicitió a la dirección de Recursos Materiales y Servicios analizar las condiciones de dicho contrato (vigente de 2015 a 2018) y justificar los beneficios o ventajas planteadas para garantizar las mejores condiciones de costo-beneficio para el instituto.

Entre los vehículos arrendados, 631 son pick-up Mitsubishi, y otros sedán Aveo y Elantra, destinados a las juntas distritales para tareas de campo.

En tanto, 22 camionetas Jeep Cherokee se asignaron a funcionarios de alto nivel y 12 unidades Dodge Durango para consejeros.

Al revisar la rentabilidad de este esquema, la contraloría encabezada por Gregorio Guerrero contrastó el contrato de arrendamiento vehicular vigente, que asciende a 935.4 millones de pesos, con la oferta de los mismos modelos y servicios adquiridos bajo las condiciones más onerosas y criterios conservadores.

Esto implica que ni siquiera se planteó el escenario más favorable que tuvo el INE: la adquisición al mayoreo.

De modo que en sus cálculos consideró la oferta comercial que obtendría cualquier persona que quisiera adquirir estos vehículos a precio de menudeo, mismos modelos más la cotización de seguros con cobertura plus (mayores beneficios a cobertura amplia), con aumento anual de 10 por ciento en sus costos.

Además, incluyó gastos por servicio de mantenimiento preventivo de agencia cada seis meses; costo de tenencia fijo para los cuatro años del contrato, sin considerar la depreciación, frente a los costos establecidos en el contrato de arrendamiento financiero de vehículos del INE.

Evaluó la rentabilidad mediante dos escenarios posibles.

El primero es con salvamento e implicaría la subasta o venta de mil 96 vehículos después de cuatro años a un precio devaluado en 80 por ciento, y dio como resultado un valor de 53 por ciento más económico que los costos del arrendamiento financiero.

El segundo contempla la adquisición de los vehículos sin venderlos después de cuatro años y dejarlos como activos del INE. Ese sería 46 por ciento más económico.

Tras hacer estos ejercicios la contraloría concluye que el esquema de adquisición claramente supone una alternativa más económica en comparación con el esquema del servicio de arrendamiento que el instituto contrató para mil 96 vehículos, señala el documento.

En 2014, Transparencia Mexicana actuó como testigo social de este procedimiento de contratación y en su informe recomendó realizar el proceso de licitación con el tiempo suficiente para que el INE obtenga mejor precio y evitar la discrecionalidad, ya que en la primera convocatoria el mismo documento fue tomado como válido para un licitante, pero no para otro.