Rafael Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), llamó a laboralistas y a funcionarios de las juntas de conciliación y arbitraje del país a trabajar para construir una cultura de la legalidad que materialice el acceso a la justicia cotidiana.

También se manifestó por la instauración de sanciones más severas en lo personal y procesal para quienes mientan en los procesos; la revisión de la relación entre el abogado y su cliente, particularmente en el cobro de honorarios por el litigante, así como por regular el tema de la oralidad, para que no se convierta en elemento que retrase el procedimiento.

En su intervención en el Foro de Consulta para la Justicia Laboral Cotidiana, afirmó que hacer justicia va más allá de una simple pretensión patrimonial, es restituir un orden, hacer lo que se tiene que hacer y lo que se debe hacer.

Señaló que las audiencias públicas y plurales que se llevan a cabo darán mayor certidumbre y permitirán revisar qué ajustes se deben llevar a cabo en la normatividad y los procedimientos.

En el encuentro, Alfredo Sánchez Castañeda, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, propuso que exista una sola Junta de Conciliación y Arbitraje a escala nacional y que sea un órgano independiente y autónomo.

El especialista expuso que entre la población existe la sensación de que la justicia laboral no funciona, por lo que es necesario que la Junta Federal de Conciliación cuente también con plena autonomía presupuestal y administrativa, para lo cual se le debe considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo la modalidad que tienen otros órganos autónomos del Estado.

En tanto, Carlos de Buen Unna, director del despacho de abogados De Buen, subrayó la urgencia de crear un sistema más justo en materia de impartición de justicia laboral que dé certeza a los trabajadores sobre sus derechos patrimoniales y a los patrones sobre los costos laborales.