espués de que –en septiembre de 2015– Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa para autonomizar Pensionissste del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de que –en octubre– el secretario Luis Videgaray recibió de manos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de José Ángel Gurría las más agresivas recomendaciones para suavizar, por prorrateo, el costo fiscal del desafío pensionario mexicano –sacrificando a los trabajadores (de los apartados A y B) con perspectivas de inminente jubilación–, Óscar Vela Treviño, responsable de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), rechazó esas recomendaciones de Gurría.

Con el fracasado saldo de las reformas Zedillo-IMSS-1997 y Calderón- Issste-2007 a cuestas y frente a la gran incertidumbre, inconformidad e intensa movilización social que provocaron ambos anuncios –que confirman la profunda desconfianza que priva sobre el proceder del Poder Ejecutivo–, Vela se apresuró a comunicar que el esquema de prorrateo recomendado por la OCDE, por el que los trabajadores de la generación de transición verían su pensión dividida en dos partes, no se llevará a cabo.

“Si bien la sugerencia –acotó– podría ayudar al impacto fiscal, las pensiones se respetarán, pues fue un compromiso que en su momento hizo el gobierno con los trabajadores”. Todos los mexicanos que estén en el régimen IMSS-1973 y que empezaron a cotizar antes de 1997 van a retirarse bajo el esquema de beneficio definido: con el promedio de los últimos cinco años se calculará su pensión. Es un derecho que se va a respetar.

El universo de afectados de la generación de transición sumaría, según Vela, la mitad de las cuentas en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar): Alrededor de 26 millones de trabajadores. La otra mitad está registrada en el régimen IMSS-1997, cuya pensión se financiará con el dinero que se descuenta mensualmente del salario, cuota patronal, aportación estatal más rendimientos que otorgue su Afore. ¿Y los empleados amparados en el artículo décimo transitorio de la ley del Issste 2007, Dr. Vela?

En el futuro, la tercera edad se dividirá en dos grupos, asegura Vela. Unos, con una pensión más alta, la generación de transición, y los del sistema Afore, con una pensión menor. Ello se deberá principalmente a que la mayoría de la generación de transición escogerá el régimen IMSS-1997, que garantiza una pensión mayor respecto de lo que podrían recibir en Afore. En promedio: 28 por ciento del último salario. Vela estima que, para mitigar esta diferencia, se instrumentarán diversos cambios en la parte interna del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) sin afectar o modificar la ley de seguridad social. Es decir: sin afectar a la generación de transición del régimen IMSS-73 ( El Economista, 16/2/16).

¿En qué consisten estos cambios para la golpeada generación Afore? Las propuestas de Vela sólo parchan la dinámica de un SAR que, después de 18 años, es riquísimo, pero incapaz de devolver pensiones dignas.

Aunque Vela reconoce que no se incrementarán las tasas de ahorro de 6.5 por ciento (apartado A), insiste en que se buscará incrementar el ahorro pensionario vía 5 por ciento del Infonavit. Si no usas ese dinero para vivienda, al final de tu vida laboral lo puedes utilizar para completar tu pensión. Si articulamos los dos recursos, hablamos de una tasa de casi 11 por ciento. Es un cambio que no tenemos que llevar al Congreso porque no trastoca la ley y las tasas de remplazo podrían subir de 40 a 60 por ciento.

Otro cambio buscaría que las empresas ofrezcan a sus trabajadores planes de ahorro voluntario: este dinero se les descontaría de nómina, sólo si ellos así lo desean. Entonces: sumando 6.5 por ciento de la contribución obligatoria con 5 por ciento del Infonavit y 2.5 por ciento que acumule el ahorro voluntario formalizado, la tasa subiría hasta 13 por ciento.

Estos parches también son recomendados por la OCDE, la Consar y la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore). Pero es claro que después de 18 años de fallida operación, Peña Nieto evita revisar, a fondo, esa perniciosa naturaleza de la dinámica SAR.

La agenda parchada de Vela, como la de Consar (Informe trimestral al Congreso, julio-septiembre, 2015) y su gemela Amafore, elude los determinantes estructurales que pesan sobre esa dinámica SAR. Incluso, el Banco Interamericano de Desarrollo pretende distraer con argumentos que sólo evaden el fondo del asunto. Por ejemplo, David Kaplan –siguiendo textualmente a Gonzalo Hernández Licona, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)– sentencia que el gran problema del SAR es la alta informalidad, cuando ya estaba presente mucho antes del nacimiento del SAR (1992) y se inclina abiertamente por las ventajas de la pensión no contributiva (universal), fiscalmente más económica.

El SAR, sin duda, es un éxito financiero, pero simultáneamente un fracaso pensionario para cumplir a sus aportantes con el derecho humano de un retiro digno.

No hay tiempo que perder. Después de 18 años de operación fallida es preciso evaluar ese SAR para modificarlo de inmediato y no esperar absurdamente 13 años más, cuando el primer jubilado de la ley IMSS-1997 descubra que, en el mejor de los casos, su pensión resultará equivalente a 28 por ciento de su último salario devengado.

Después de la debida evaluación, y con el acuerdo nacional de todos los actores, el SAR puede y debe ser transformado si, en efecto, de lo que se trata es de garantizar a todos, muy especialmente a los jóvenes, un retiro en dignidad.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco