En años recientes, en América Latina hay una tendencia generalizada a criminalizar a defensores de los derechos humanos, en el contexto de una política global de extracción de recursos naturales y megaproyectos, donde las empresas y agentes estatales de procuración de justicia actúan en complicidad, denunció la Federación Internacional de Derechos Humanos.

En un informe sobre las condiciones que enfrentan los defensores de garantías en ocho naciones latinoamericanas, entre ellas México, se denuncia que la acción penal que se ejerce en contra de los activistas proviene de autoridades locales y federales, policías estatales y autoridades encargadas de la procuración de justicia, quienes trabajan de manera coludida con empresas–regularmente trasnacionales– y terratenientes.

El reporte, elaborado junto con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, da cuenta de la situación que prevalece en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú, todos ellos en un contexto de despojo de recursos naturales a través de megaproyectos.

En los casos documentados por el informe, las violaciones y agresiones son contra activistas que defienden derechos relacionados con la tierra y el territorio, y a grupos vulnerables como comunidades indígenas, afro, rurales y campesinas. La criminalización indebida de defensores y defensoras de derechos humanos constituye un fenómeno de carácter regional, concluye.

Destaca que criminalizar y hostigar a quienes defienden los derechos humanos y de la tierra se están convirtiendo en conducta recurrente y muy preocupante en América Latina.

Incluso, se advierte que no se trata de un fenómeno aislado, por lo que resulta fundamental que los jueces y fiscales de América Latina no sean cómplices de la indebida criminalización de defensores de derechos humanos.

Tras presentar casos concretos de cada uno de los países, el informe también señala la necesidad de avanzar en la temática de empresas y derechos humanos con la finalidad de establecer obligaciones jurídicamente vinculantes, para que la participación de empresas en violaciones a estos derechos no quede impune, como ha sido hasta ahora.

En México, dicho informe fue presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), junto con abogados y activistas de media docena de organizaciones de derechos humanos, quienes confirmaron la denuncia hecha por las organizaciones internacionales, y que se dan esencialmente cuando se oponen a proyectos mineros, hidráulicos, inmobiliarios, eólicos y de infraestructura, entre otros.

José Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, denunció que en los pasados tres años han ocurrido 250 agresiones contra defensores de derechos humanos, donde las autoridades de justicia coludidas con las grandes empresas han diseñado la estrategia de fabricar delitos conocidos como prisión oficiosa –robo con violencia, homicidio y secuestro–, a fin de privarlos ilegalmente de la libertad y dañar la organización que se opone a los proyectos.