Contralores internos de diversos estados y legisladores coincidieron en la necesidad de endurecer sanciones e incluso aumentar hasta 20 años de inhabilitación a funcionarios y servidores públicos que incurran en actos de corrupción.

Ayer, durante el último foro de análisis en torno a las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, no asistió el contralor de Veracruz, Ricardo García Guzmán. Los organizadores señalaron que aunque confirmó su asistencia no se presentó finalmente al encuentro.

El senador perredista Luis Humberto Fernández insistió en que quienes incurran en desviación de recursos públicos actúan con una base de impunidad, por lo que es necesario tipificar la corrupción como crimen organizado. A su vez, el también perredista Armando Ríos Piter advirtió que es necesario crear un sistema anticorrupción ‘‘a prueba de balas’’ y asegurarse de que no se dejen posibilidades o facilidades en la ley para evitar que los delincuentes se escabullan.

El contralor general de Sonora, Miguel Ángel Murillo Aispuro, consideró fundamental que se contemple incrementar estrategias destinadas al uso de inteligencia en la sistematización del flujo de la información entre entidades federales y estatales.

Además, dijo, se debe aumentar la severidad en las inhabilitaciones a funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción, y mayor facilidad para imponer las sanciones, que podrían elevarse de 10 a 20 años, e hizo notar que en Europa se proponen hasta 30 años de inhabilitación.

En tanto, la representante de la Contraloría de Tamaulipas, Gilda Cavazos Lliteras, dijo que es necesario determinar claramente las atribuciones de los órganos estatales de control y plantear como competencia de los mismos el acceso a las cuentas bancarias de los servidores públicos, ya que en el tema de enriquecimiento ilícito ahora no tienen competencia jurídica para solicitar a las instituciones bancarias información de este tipo.

Por su parte, Sergio Eduardo Huacuja Betancourt, del Comité Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, dijo que la finalidad es tener una política de prevención y los elementos necesarios para sancionarlos, y no llenar las cárceles de delincuentes o los tribunales de instrucciones administrativas.

La senadora panista Pilar Ortega consideró a su vez que se tiene que ser muy preciso al momento de definir los tipos penales y las conductas que se van a sancionar, con el objetivo de que los ordenamientos queden de una manera sistematizada, articulada y organizada.

El presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, dijo que una vez que concluyan los foros se presentará ‘‘un paquete de cinco instrumentos’’, entre ellos las leyes del Sistema Anticorrupción, la de Responsabilidades, la del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y modificaciones a las leyes de la Administración Pública Federal y la de Fiscalización.