Investigadores en temas de enseñanza entregaron ayer a la Secretaría de Educación Pública (SEP) un pronunciamiento, con casi 8 mil firmas de apoyo, que cuestiona la reforma en la materia impulsada por la administración de Enrique Peña Nieto, debido a que estigmatiza a los maestros y se les excluye del proceso de cambios.

En el documento, los expertos señalaron que la reforma emprendida por la actual administración federal carece de un proyecto educativo que la guíe y le dé sustento. Se reduce a un conjunto de modificaciones legales para la administración del sistema escolar.

El texto entregado a la dependencia, encabezada por Aurelio Nuño Mayer, se redactó en el contexto del 13 Congreso Nacional de Investigación Educativa –realizado en noviembre en la ciudad de Chihuahua– y que fue organizado por el Consejo Nacional de Investigación Educativa (Comie), y es firmado por 68 por ciento de los 120 expertos que participaron en el encuentro, como informó La Jornada el pasado 24 de noviembre.

Además, el pronunciamiento se subió a la plataforma Change.org, donde fue respaldado de manera electrónica por 7 mil 713 profesores, académicos y ciudadanos.

Entre los firmantes destacan investigadores en temas educativos como Ángel Díaz Barriga e Imanol Ordorika, de la Universidad Nacional Autónoma de México; Manuel Gil Antón, de El Colegio de México; María de Ibarrola y Eduardo Weiss, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, entre otros.

Los investigadores subrayaron que la reforma educativa está orientada a regular las condiciones laborales del magisterio, mediante procedimientos de evaluación que, lejos de contribuir a la mejora docente, conforman un aparato abigarrado de control y vigilancia al que son sometidos, de manera vertical y autoritaria, las y los profesores en nuestro país.

Agregaron que a los docentes se les concibe como objetos y no como sujetos, actores imprescindibles en la transformación requerida. La reforma se ha fincado en la estigmatización del magisterio. Con ello, no sólo se perdió al actor principal de cambio en los procesos educativos, sino que se le desautorizó socialmente y se le condujo a una situación límite: someterse o perder el empleo.

Los investigadores y quienes acompañan el documento con su firma consideraron que las evaluaciones tienen un carácter punitivo y además se realizaron de tal manera que no se garantiza una prueba confiable y se ponen en juego las condiciones de vida de cientos de miles de maestras y maestros.

Propusieron abrir espacios para el debate, el diseño concertado y la búsqueda de caminos por los que ha de transitar la renovación de la educación.

Consideramos que ni la violencia ni la administración selectiva de la justicia con fines políticos son formas adecuadas para resolver la gran polarización que ha provocado la reforma gubernamental, ni permiten atender las profundas necesidades educativas de nuestro país.