nrique Peña Nieto puso pie en Iguala por primera vez desde casi 17 meses atrás, cuando 43 jóvenes fueron desaparecidos y otros asesinados, en una noche y madrugada de impune violencia ejecutada por corporaciones municipales y grupos del crimen políticamente organizado y contemplada, cuando menos, y en ese sentido con implicaciones complicitarias, por fuerzas federales presentes en la plaza.

El silencio y la distancia han sido características de origen en el comportamiento del máximo jefe formal de la institucionalidad mexicana, y sus subordinados, respecto a lo sucedido entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala y tal vez en otros municipios aledaños. El órgano federal de procuración de justicia (la PGR, a cargo de Jesús Murillo Karam) tardó 21 días en ejercer su facultad constitucional de atraer el expediente del caso (lo hizo el 18 de octubre de 2014), e incluso tardó 22 días más en recibir la totalidad de la averiguación previa correspondiente, pues fue entregada por la Fiscalía General del Estado de Guerrero a la PGR hasta el 10 de noviembre de 2014.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) indicó en su Informe Ayotzinapa que la facultad de atracción no fue ejercida de forma inmediata por la PGR, como le faculta la ley y hubiera sido lo aconsejable ante un hecho de tal gravedad, dado que cuenta con mayores recursos materiales, por ejemplo, servicios periciales y la colaboración de la Policía Federal (...) Hubiera podido solicitar la detención por delincuencia organizada de importantes sindicados que luego se dieron a la fuga, como Felipe Flores Velázquez y Francisco Salgado Valladares, por ejemplo. Y la tardanza en entregar la averiguación previa completa a la PGR implicó, según el GIEI, la parcelación del caso, lo que sin duda dificultaría su comprensión y en consecuencia la oportunidad y claridad para realizar diligencias indispensables para el esclarecimiento de los hechos. Por ello fue que no se investigó oportunamente a la policía de Huitzuco, o no se recabaron importantes declaraciones como las de los choferes de los autobuses Estrella de Oro en los que viajaban los estudiantes normalistas desaparecidos, las cuales se recibieron sólo hasta el 8 de abril de 2015.

Desde aquellas horas trágicas de Iguala, Peña Nieto no había visitado esta ciudad guerrerense. Lo hizo ayer, entre un blindaje militar absoluto y con la Bandera Nacional como fecha cívica a celebrar. El gobernador priísta de la entidad, Héctor Astudillo (durante cuyo mandato se ha disparado el número de hechos sangrientos), pronunció un discurso de vacuidades institucionales, llenó de elogios al visitante proveniente de Los Pinos y dijo que en tanto no se esclarezcan los hechos (de Ayotzinapa) a profundidad, esta herida no habrá de sanar.

Con menos escepticismo médico, Peña Nieto dibujó un México en continuo y grato avance, incluso en términos democráticos, con una sociedad que presuntamente atestigua lo bien que va gobernando el orgullo de Atlacomulco. Y, dejando entrever la razón política de su asomo militarizado a tierras igualtecas, proclamó que a lo largo de un año y cinco meses se ha realizado una investigación profunda, transparente y abierta respecto a los lamentables hechos de septiembre de 2014. El Día de la Bandera se convertía así en el Día de la Respuesta al GIEI (y a otros investigadores internacionales, como los forenses argentinos), deseoso EPN de oponer la retórica oficial a documentos completos como el mencionado Informe Ayotzinapa y a las recientes declaraciones del GIEI mencionando la obstrucción gubernamental a sus afanes indagatorios. El paquete discursivo gubernamental incluyó la frase a destacar de que Iguala es un municipio emblemático y no puede quedar marcado por los trágicos acontecimientos del 26 de septiembre.

A la hora de cerrar esta columna sesionaba el consejo estatal del PRD en Oaxaca, con la intención de elegir candidato a la gubernatura de esa entidad (abanderamiento que será apoyado por PAN y PT, conforme a arreglos previos). La instalación de ese pleno electivo había sido difícil y en su catálogo de obstáculos incluyó la liberación de gases lacrimógenos en el salón donde los consejeros deberían escoger entre José Antonio Estefan Garfias y Benjamín Robles Montoya. Al primero lo apadrinan el gobernador en funciones, Gabino Cué, y el ex gobernador Diódoro Carrasco (actualmente secretario general de gobierno en Puebla y, por tanto, parte del proyecto presidencial panista de Rafael Moreno Valle). Al segundo lo impulsa el ex gobernador Ulises Ruiz, de trágica memoria en cuanto a corrupción y represión, con el propósito de dividir el voto priísta y cerrar el paso a Alejandro Murat, en continuación de una añeja enemistad homeopática con el padre de éste.

Astillas

La Secretaría de Relaciones Exteriores se defiende de lo que no la acusan en específico, al argüir que nunca pretendió doblegar a la justicia española para que tomara determinadas decisiones en el caso Moreira, y relega el tema central, que es el interés extraordinario y privilegiado que mostró respecto a la detención del ex presidente nacional del PRI, con una diligencia y vocación de servicio que no suele tener en cuanto a paisanos en problemas en el extranjero… Javier Duarte de Ochoa sigue en el torbellino. Ayer hubo de visitar al secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y eso reavivó las versiones de una presunta renuncia inminente, lo que ha sido negado jocosamente por el propio gobernador de Veracruz y atemperado por Manlio Fabio Beltrones, quien atribuyó tales especulaciones a precandidatos opositores al PRI en aquella entidad… Y, mientras la profesora Elba Esther Gordillo pasa a reclusión domiciliaria, en razón de su edad y de la generosidad gubernamental que la quitó de la gerencia sindical magisterial para avanzar en la reforma administrativa y laboral (retoma de control político) a la que llama educativa, ¡hasta mañana!

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