El alarmante crecimiento en el número de homicidios y violaciones a los derechos humanos de periodistas pasa obligadamente por la enorme impunidad para investigar y perseguir esos delitos, algunos de ellos perpetrados desde el servicio público, señaló Edgar Corzo Sosa, visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Además, dijo, hay una falta de políticas públicas en los tres niveles de gobierno para poder enfrentar el problema.

En entrevista, Corzo Sosa aseguró que el momento que vive el país en este tema es particularmente delicado, por lo que es necesario multiplicar los esfuerzos para visibilizar el problema. Hay una gran preocupación en la CNDH por este aumento en las agresiones, afirmó el visitador general.

Incluso, recordó, desde 2009 a la fecha suman tres las recomendaciones generales emitidas por el organismo sobre este tema, la más reciente apenas el 8 de febrero pasado, donde se advierte que el ejercicio de la libertad de expresión en México enfrenta uno de los momentos más críticos y complejos.

Las cifras así lo indican: en los pasados 15 años se han documentado 109 asesinatos de periodistas, 12 de ellos cometidos en 2015; 20 desapariciones, entre 2005 y 2015; 48 atentados en contra de medios de comunicación, y 762 averiguaciones previas iniciadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, entre 2010 y 2015.

En todos los rubros, desde las homocidios, desapariciones y agresiones a periodistas y medios de comunicación, la impunidad es casi total, con averiguaciones previas mal integradas, desinterés o ineficacia de la autoridad.

Son ocho las entidades que concentran más de la mitad los homicidios y agresiones. En ambos casos, Veracruz ocupa el primer lugar. Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí y Nuevo León son las otras.

Esta actitud omisa y hasta cómplice de las autoridades para investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos se ve reflejada en la posición que ocupa nuestro país en el ranking de impunidad respecto de comunicadores asesinados, elaborado por el Comité para la Protección de Periodistas, el cual ubica a México en séptimo lugar.

Para Édgar Corzo, cuya visitaduría a su cargo lleva el tema de las agresiones contra periodistas y la libertad de expresión, esta omisión de parte del Estado mexicano se observa desde la ausencia de agencias del Ministerio Público especializadas en la persecución de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, situación imperante en casi todos los estados que encabezan la lista de agresiones.

Señala que, de acuerdo con la información proporcionada por las procuradurías General de la República y las estatales, se identificaron 176 averiguaciones previas iniciadas para la investigación de agravios contra periodistas y medios de comunicación. De este total, 106 se encuentran en trámite.

Pero resulta alarmante que 45 de éstas se encuentren en integración desde hace cinco años o más, y hasta 15 años en uno de los casos. Y si se descuentan aquellas causas penales que fueron consignadas a un juez, pero que no se ha dictado orden de aprehensión, se concluye que hay más de 90 por ciento de impunidad.