l año pasado la Secretaría de Energía (Sener) presentó su Plan Quinquenal de Gas 2015-2019. Incluye 13 proyectos con una inversión cercana a los 10 mil millones de dólares. Es híbrido
, pues cuenta con gasoductos estratégicos, económicos y sociales, licitados por Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Atravesarán diversos estados del norte y centro del país. En el citado plan parece no estar incluido el asignado a finales del sexenio pasado a la empresa TransCanadá. Traerá gas de los depósitos ubicados en Waha, Texas, al puerto de Topolobambo, en el Golfo de California. En su trazo, de 525 kilómetros, atraviesa cinco municipios de la Sierra Madre Occidental donde desde hace siglos viven los rarámuris. Según denuncias, por lo menos 70 pueblos estarían en riesgo.
Como documenta la reportera Sandra Rodríguez Nieto del diario digital Sinembargo.mx, que dirige el periodista Jorge Zepeda Patterson, apenas hace un año los rarámuris supieron oficialmente de la obra cuando representantes de los gobiernos federal y estatal y de Gas Natural del Noreste (filial de la trasnacional canadiense) llegaron a Mogotavo, comunidad del municipio de Urique, en la cima de la Barranca del Cobre, para efectuar una asamblea informativa
sobre el gasoducto y exponer las características técnicas del proyecto. Pero los dirigentes de las comunidades afectadas afirman que se trató de un trámite tardío, pues no los consultaron previamente, como ordena la legislación mexicana y los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Voceros de la trasnacional sostienen que sí lo fueron.
La reportera Rodríguez Nieto agrega que cinco comunidades de la Sierra Tarahumara presentaron amparos ante las instancias judiciales a fin de evitar que el gasoducto de TransCanadá pase por sus tierras. La obra tendrá un costo cercano a mil 200 millones de dólares. La trasnacional asegura que los trabajos llevan un avance de 70 por ciento y que ha buscado minimizar el impacto negativo en las comunidades, especialmente en el agua. Pero reconoce afectaciones en caminos y zonas con valor arqueológico, ritual y ceremonial. En los límites de Chihuahua y Sinaloa los trabajos del gasoducto fueron bloqueados por ejidatarios de El Descanso y Los Pozos, municipio de Choix. Exigen 40 millones de pesos a la compañía constructora por los daños ocasionados al ambiente debido a los desperdicios que deja la citada obra.
Otros gasoductos, con más de 10 mil kilómetros de extensión transportarán el energético desde Estados Unidos hasta varias terminales ubicadas en Coahuila, Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Por ejemplo, Carso Electric y Promotora de Desarrollo de América Latina construirán el Samalayuca-Sásabe, de 650 kilómetros, a través de Coahuila y Sonora. La inversión asciende a unos 500 millones de dólares y la obra debe concluirse en 2017. Los últimos dos años se han aprobado seis gasoductos más, cuyo fin es generar energía a menor costo, mejor calidad y sin deteriorar el ambiente
. Para garantizar la limpieza de esas licitaciones el gobierno federal contó con la participación de la organización Transparencia Mexicana.
Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía del vecino país recién aprobó el gasoducto TransPecos, para traer gas de Texas a México. La obra atravesará el Parque Nacional Big Bend. Una alianza de diversas organizaciones para la conservación de dicho parque se opone a esa obra por los efectos que causará al medio ambiente. Pero La comisión afirma que no lo hará significativamente
, si se cumplen las medidas de mitigación apropiadas. El gasoducto, de 230 kilómetros, cruza los poblados texanos de Pecos, Brewester y Presidio. Luego atravesará hacia México por debajo del río Bravo. Debe estar concluido en 2017.
No son pocos los especialistas que ponen en duda la conveniencia económica y social de llenar de gas proveniente de Estados Unidos el norte y centro del país. Máxime cuando el precio de los hidrocarburos está a la baja y el futuro es incierto. De lo que no hay duda es de los efectos negativos en el medio ambiente y los recursos naturales, asuntos sobre los cuales las autoridades guardan silencio.
