La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo de 485 millones de pesos asignados al Gobierno del Distrito Federal (GDF) en 2014 para la operación del Seguro Popular.

En la auditoría financiera y de cumplimiento 14-A-09000-02-1518 señala, por un lado, que la Secretaría de Finanzas (Sefin) local no acreditó la transferencia de 290 millones 719 mil pesos, de los más de 3 mil millones de pesos del presupuesto total, al organismo público descentralizado Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, encargado de ejecutar el citado programa.

Por otro lado, emitió observaciones a dicho ente por anomalías en el ejercicio de más de 195 millones pesos por transferencias indebidas, recursos no devengados y mal uso de los mismos.

De estos últimos, 115 millones 882 mil pesos no habían sido ejercidos al 31 de agosto de 2015, por lo que pidió al gobierno de la ciudad que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos en el Seguro Popular o sean reintegrados.

También detectó mal uso de 75 millones 957 pesos, de los cuales 74 millones 939 mil fueron destinados a pagar el servicio de fletes y maniobras de medicamentos y material de curación, pese a que dicho concepto estaba considerado en el contrato de adquisición de esos insumos; el resto fue utilizado para pagar salarios de cinco servidores públicos que no cumplían con el perfil para desempeñar el cargo que ocupaban.

Además detectó que los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal transfirieron 10 millones 464 mil pesos al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS), de los cuales sólo reintegró 7 millones 107 mil pesos, por lo que quedó un débito de 3 millones 357 mil pesos, que también se deberán justificar o reintegrar.

La ASF presume un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por los 290 millones 719 mil pesos que Sefin no transfirió a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal; así como por los 7 millones 107 mil pesos que fueron transferidos al FASSA, pues aunque se reintegraron al Seguro Popular, no fueron aplicados.

En otro caso, el órgano fiscalizador federal también encontró irregularidades en el manejo de más 92 millones de pesos asignados al gobierno capitalino como parte del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

En la auditoría financiera y de cumplimiento 14-A-09000-02-0670 encontró, entre otras anomalías, que se utilizaron 76 millones 304 mil pesos de ese fondo para trabajos de mantenimiento de los centros de Asistencia e Integración Social Cuautepec, Cuemanco y Cascada.

Sin embargo, con el análisis de la información y la visita física a los inmuebles, no se presentó evidencia documental que acredite que los trabajos fueron ejecutados y pagados con recursos del fondo; asimismo, no se demostró que las obras se hayan concluido, entregado o se encuentren en operación.

Por este motivo, la ASF presume también un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal, por lo que debe aclarar la aplicación de esos recursos o de lo contrario ser reintegrados al FISE.