A seis años y tres meses de la desaparición de siete policías federales y un civil, que fueron comisionados para hacerse cargo de la Dirección de Seguridad Pública de Ciudad Hidalgo, Michoacán, en 2009, la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la Procuraduría General de la República (PGR) declaró que los ilícitos que pudieron haber cometido servidores públicos por comisión u omisión en este caso prescribieron.

Araceli Rodríguez Nava, madre del agente Luis Ángel León Rodríguez, quien junto con sus compañeros desapareció en el trayecto hacia Ciudad Hidalgo, contó en entrevista que el Estado quiere evadir su responsabilidad en el proceso que, aseguró, está plagado de contradicciones y ­negligencias.

Denunció que aunque en 2012 se declaró la presunción de muerte de su hijo, Luis Ángel fue citado el 15 de mayo de 2013 por la Contraloría de la Policía Federal para que respondiera a un proceso que se inició en su contra, entre otras razones, por abandono de trabajo.

Fue citado para que compareciera porque no había presentado su declaración patrimonial 2010 y se le imputaban irregularidades, ¡cuando Luis Ángel estaba desaparecido desde 2009 y con presunción de muerte!, resaltó.

Narró que el entonces contralor de la institución, Jean Paul Aguilera, solicitó información a todas las áreas de la Policía Federal en el centro de mando de Iztapalapa, y en todas pusieron a mi hijo como activo, con abandono de trabajo.

Rodríguez explicó que desde un inicio solicitó que las líneas de investigación abarcaran a los autores intelectuales y materiales del crimen –en este caso la delincuencia organizada, La familia michoacana, Los caballeros templarios–, y a servidores públicos, como probables responsables de haber desprotegido a los policías.

Cadena de mando

Mantiene su exigencia de que se investigue a toda la cadena de mando, desde la Policía Federal hasta el entonces presidente municipal de Ciudad Hidalgo, Pedro Tello, quien interpuso una denuncia por la desaparición de las ocho personas, tres meses después del 16 de noviembre de 2009, cuando ocurrió el hecho. Además, de que él presidió la junta de cabildo en que se solicitó el envío de policías federales al ayuntamiento y los recibiría el 17 de noviembre.

Hay servidores públicos involucrados, manifestó Araceli Rodríguez, integrante del Movimiento de Desaparecidos en México. “Cuando hizo la investigación, después de que citó a Luis Ángel a comparecer, el contralor Aguilera señaló a alrededor de seis personas por no haberlos protegido (a los agentes), lo que contribuyó a que fueran presas de la delincuencia organizada.

Los mandaron con oficios de comisión, pero no les dieron los medios necesarios, ni siquiera vehículo, para cumplir con su trabajo, y se fueron con sus propios medios, recordó.

En cuanto al proceso penal, la activista dijo que hay unas 34 personas detenidas, 18 consignadas directamente por la desaparición y presunto asesinato, y 16 más por delincuencia organizada.

No obstante, insistió en que debe sancionarse a los servidores públicos que pudieran haber incurrido en responsabilidad.

Hace unos días estuve en la Subprocuraduría de Delitos Federales y me dijeron que ellos habían mandado la investigación a la fiscalía especializada, también de la PGR, supuestamente para dar más vida a la investigación, ya que los ilícitos que ellos pudieron haber conocido, prescribieron.

Araceli Rodríguez continúa buscando la ubicación de los restos de su hijo.