Para evitar que se cometan violaciones a las garantías individuales en los penales federales, el próximo mes se abrirán oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en cada una de esas prisiones.

Funcionarios revelaron que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) signó un convenio con el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, a fin de que no se cometan violaciones en la materia en los 16 centros federales de readaptación social (Ceferesos), en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) y en las instalaciones del complejo penitenciario Islas Marías.

Lo anterior, indicaron las fuentes consultadas, forma parte de los seis ejes estratégicos que ha seguido la CNS durante la gestión de su titular, Renato Sales Heredia, en el sentido de garantizar la gobernabilidad y la despresurización de los penales federales.

La información obtenida refiere que las autoridades penitenciarias están terminando la construcción de los espacios que ocuparán los funcionarios de la CNDH, y se estima que comenzarán a operar a mediados de marzo.

En ese contexto, desde septiembre de 2015 la CNS puso en marcha programas de reubicación de reos, para con ello impedir la posibilidad de que se gestaran autogobiernos en los penales federales.

De acuerdo con documentos obtenidos a través de una solicitud de información pública realizada por La Jornada: en septiembre de 2015, siete de los 18 centros penitenciarios federales presentaban problemas de sobrepoblación.

Actualmente ninguno enfrenta esta problemática, aunque entre septiembre de 2015 y enero de este año la población en centros penitenciarios federales pasó de 32 mil 120 a 34 mil 618 reos.

El Cefereso número 1, El Altiplano, que se localiza en el municipio de Almoloya de Juárez, en el estado de México, con una capacidad para 836 internos, albergaba a 961, la mayoría de ellos considerados de alta peligrosidad.

Actualmente El Altiplano no presenta sobrecupo y cuenta con cuatro espacios disponibles, señalan los reportes actualizados a enero de este año.

El Cefereso número 2, Occidente, en Puente Grande, Jalisco, tenía una sobrepoblación de 56 por ciento, ya que su capacidad es de mil 40 internos, y en septiembre de 2015 llegó a tener hasta mil 632 presos. Actualmente cuenta con 5 por ciento de espacios libres.

El Cefereso número 3, que se localiza en Matamoros, Tamaulipas, con capacidad para 836 internos, albergaba a 846, lo que representaba una sobrepoblación de uno por ciento. Desde enero sólo tiene un recluso por cada celda.

La sobrepoblación también era un problema que enfrentaba el Cefereso número, 4 que se localiza en Tepic, Nayarit, tanto en el área de hombres como de mujeres. Los reportes obtenidos refieren que en septiembre de 2015 acumulaban una sobrepoblación de 12 por ciento, ya que en sus instalaciones se atendía a mil 95 internos. Esta prisión actualmente no tienen esa problemática, incluso en el caso de la zona para varones sólo está ocupada a 89 por ciento.

En el de Villa Aldama, Veracruz, hasta septiembre del año pasado había una sobrepoblación del nueve por ciento, ya que se atendía a 300 internos por encima de la capacidad instalada. En enero solamente estaba ocupada al 95 por ciento.

Asimismo, el Cefereso número 11, en Hermosillo, Sonora, tenía una sobrepoblación de uno por ciento, ya que atendía a 31 internos más de su capacidad, y hasta enero pasado los reportes registraban una ocupación menor a 95 por ciento.

Los registros federales refieren que las cárceles federales cuentan con capacidad para 34 mil 648 reos, y se atiende a 24 mil 305, por lo que aún existe capacidad para un traslado de prisiones estatales o el ingresar a 10 mil 343 nuevos internos.

Los registros del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social señalan que a escala estatal las entidades que enfrentan el mayor problema de sobrepoblación penitenciaria –por orden alfabético– son: Campeche, con 161 por ciento; Chiapas, 31%; Ciudad de México, 50%; Durango, 67%; Guerrero, 47%; Hidalgo, 92%; Jalisco, 71%; estado de México, 169%; Morelos, 79%; Nayarit, 150%; Puebla, 47%; Quintana Roo, 56%, y Sonora, 36 por ciento.