En el Senado avanzan los trabajos para dictaminar las leyes secundarias en materia anticorrupción en este periodo de sesiones, un marco jurídico necesario para acabar con la impunidad de los servidores públicos, que llevará a la desaparición –o por lo menos transformación– de la Secretaría de la Función Pública (SFP), comentó el senador del PRD Zoé Robledo.

Se trata de la modificación de una veintena de leyes, necesarias para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, creado en la reforma constitucional que se aprobó en mayo pasado. Para ese fin, los presidentes de las tres comisiones dictaminadoras –Alejandro Encinas, Fernando Yunes y Pablo Escudero– convocaron a tres foros públicos, que se inician este lunes en las instalaciones senatoriales.

En esos foros participarán el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade; el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), Manuel Hallivis Pelayo, y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), además de organismos sociales y académicos, de acuerdo con el senador Encinas.

El perredista Zoé Robledo resaltó que en su bancada han intensificado los trabajos en esa materia para cumplir con el mandato constitucional y tener listo el Sistema Nacional Anticorrupción, que requiere, entre otras, de modificaciones legales para dotar a la SFP de mayores facultades en su tarea de supervisar el uso de los recursos públicos.

A su juicio, se debe llegar a la desaparición de la SFP, prevista en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Para ello es necesario, comentó, que esté listo el Sistema Nacional Anticorrupción y se haya nombrado al fiscal en la materia.

Es necesario además modificar la Ley Federal de los Servidores Públicos, donde entra la iniciativa ciudadana llamada ley 3 de 3, que obliga a los políticos, funcionarios, legisladores, jueces y magistrados a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, de forma periódica y pública, además de establecer directrices éticas y medidas ­preventivas.