Creada para generar condiciones de seguridad ante la presencia de la delincuencia organizada que amenace la vida, la libertad, la integridad o el patrimonio de las personas, en zonas urbanas, rurales y turísticas, la Gendarmería Nacional, como séptima división de la Policía Federal, incurrió en opacidad, desvío de recursos públicos y desorganización administrativa en 2014.

La cuenta pública 2014, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reveló que la Gendarmería –dependiente de la Secretaría de Gobernación– no contrató el número autorizado de oficiales y no reportó casi mil millones de pesos del rubro de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas).

“De los recursos autorizados por 1 mil 772 millones 735 mil pesos para la creación de plazas en la división de gendarmería, sólo se ejercieron 283 millones 337 mil pesos (16.0 por ciento del total); la diferencia, de 1 mil 489 millones 397 mil pesos, fue transferida a otros programas del sector Gobernación y al ramo 23, denominado provisiones salariales y económicas.

No se registraron como Adefas, en la cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, los montos pendientes de pago por 950 millones 942 mil pesos, aun cuando los bienes y servicios fueron recibidos en tiempo y forma, de acuerdo con los periodos pactados en los instrumentos jurídicos.

La creación de la Gendarmería Nacional se definió en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su meta nacional Un México en Paz, a fin de garantizar el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población.

En el resultado de su revisión, la ASF dictaminó 25 observaciones que generaron 27 recomendaciones, 13 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones.

En 2014, la gendarmería adquirió bienes que fueron distribuidos a otras divisiones de la Policía Federal, tales como 835 unidades por 793 millones 770 millones de pesos (77.4 por ciento del total adquirido) y 7 mil 295 bienes de vestuario, uniformes y prendas de protección por 37 millones 642 mil pesos (8.0 por ciento del total adquirido). 


Respecto de las erogaciones con cargo a la partida presupuestal 33401 (servicios para capacitación a servidores públicos), se detectaron deficiencias en el control y seguimiento, toda vez que se pagaron 16 millones 63 mil pesos por servicios de pensión y capacitación otorgada durante el ejercicio 2014 a 3 mil 52 cadetes, sin que se acreditara la impartición de la formación referida; tampoco se proporcionó evidencia documental de los entregables que acreditaran 229 horas de capacitación.

Se autorizó el ingreso de 247 servidores públicos a la división de gendarmería, sin contar con evidencia documental que acreditara su formación militarizada, que era uno de los requisitos, y de 58 servidores públicos adscritos a la división de gendarmería, no se presentó la constancia que acreditara la aprobación del curso de formación inicial.

Se pagaron 701 mil 800 pesos a 63 cadetes de distintas generaciones, que registraron de tres a 11 inasistencias en un periodo de 30 días continuos en el ejercicio 2014, sin que se les cancelara la beca, y se autorizó el pago de esta clase de ayuda a 620 cadetes que se encontraban en capacitación, antes de la aplicación y aprobación de las evaluaciones de control de confianza.


Además, se adquirieron seis cuarteles móviles para esta división, cinco de los cuales no se encontraban en operación a la fecha de la auditoría (agosto de 2015). 


Asimismo, se hallaron deficiencias en los procedimientos de adjudicación y contratación, toda vez que no se acreditó que proveedores de dos contratos se encontraban autorizados ante la Dirección General de 
Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación; se omitió remitir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos un instrumento para su registro; en tres convenios no se señaló que en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización y el modelo del contrato prevalecería lo indicado en la solicitud respectiva, y de dos proveedores no se presentó el escrito de la manifestación de no encontrarse en los supuestos que define el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Incluso se formalizaron cuatro contratos sin contar oportunamente con las opiniones del cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes, que expide el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las cuales se entregaron cinco, seis, 13 y 19 días después de la celebración de los mismos.