odos los discursos oficiales optimistas de los últimos tiempos chocan con una realidad de hechos de una u otra forma negativos. Empiezo por lo más visible, que no es lo único: el informe general de la cuenta pública de 2014, emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y su secuencia.
Se promoverán mil 871 expedientes por responsabilidades administrativas. Entre 2008 y 2014 se duplicó la deuda pública de los estados.
Desde antes vienen más informes. De diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014, la Procuraduría General de la República recibió 4 mil 55 denuncias por tortura, delas cuales, mil 273 son atribuibles a militares. De ellas, mil 884 se convirtieron en averiguaciones previas, pero sólo 11 personas fueron consignadas. Existen cinco sentencias, pero no es posible
conocerlas.
Ante esto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México recomienda que se dé independencia al mecanismo nacional contra la tortura, cuya ley está en discusión.
La ASF presentó, entre 1998 y 2015, 858 denuncias de corrupción. Han aumentado progresivamente, 7 en 2010, 53 en 2011, 80 en 2012, 134 en 2013, 186 en 2014 y 157 en 2015. Los de este sexenio son de más de 100 casos, ha habido 19 consignaciones y más de 97 por ciento de los corruptos quedaron impunes.
Ya no saben qué más privatizar de Pemex. Ahora, 70 por ciento del gas que la petrolera vende al público se va a transferir a privados. Se dice que para fin del sexenio no quedará prácticamente nada, sólo el dinero que reciben los funcionarios.
En otro plano, la exportación de acero de México a Estados Unidos bajó 23.8 por ciento durante 2015. Claro, estas cosas no se mencionan en los gloriosos discursos.
Estos son sólo unos ejemplos, publicados en los últimos días, de una realidad que hemos tenido que vivir. El total de casos reportados en los medios de manera reciente es mayor.
Si tomamos como referencia inicial a Pemex, en 1938 fue expropiado y se empezó a desarrollar una técnica propia como parte del crecimiento general. Con altibajos, con el retroceso que significó la administración de Miguel Alemán, y avances con López Mateos, que en el artículo 27 suprimó concesiones y contratos para el petróleo y nacionalizó la electricidad.
El gobierno de López Portillo empezó, por ejemplo, con una ley nuclear reaccionaria, que fue muy modificada en el Congreso y que derivó en avances. Hubo una acción importante de sindicatos del sector público como el Sindicato Mexicano de Electricistas, nucleares, telefonistas y petroleros. Esto culminó el primero de septiembre de 1982, con la nacionalización de la banca.
El gobierno de De la Madrid regresa a la derecha. Cierre de la empresa nuclear Uramex, y luego su cancelación. Se priva al sindicato petrolero de fuentes de ingreso, que se entregan a empresas privadas. Preparativos para un charrazo contra Joaquín Hernández Galicia, La Quina, contra quien pesa su apoyo al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (Sutin).
A partir de 1994 hay intentos del gobierno de Ernesto Zedillo de privatizar plantas petroquímicas, que son rechazados en la Cámara de Diputados. En 1997 se intenta con la industria eléctrica, esfuerzos que son rechazados e impedidos por los electricistas y por el poco tiempo.
Con los gobiernos del PAN continúan los malos tratos a los trabajadores y al sector público. Se crea un sector con siete empresas petroleras extranjeras privadas en el noreste, Burgos, que llegó a ser la mayor zona productora de gas natural.
Sin embargo, el actual gobierno deja cortos a los anteriores con su política antinacional, antiobrera, anticampesina y antipopular, y su apoyo a multimillonarios y a trasnacionales, con su entrega en el petróleo y la electricidad y, en general, rebasa a sus antecesores.
Ya mencionamos, además, la corrupción. Y, en el ejemplo analizado, cómo ha crecido más en este sexenio.
