Derecho a la educación
sta semana participamos en la celebración del 129 aniversario de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. De ella egresó hace muchos años mi abuela materna, Raquel Rivero Dector, quien –se dice– recibió su título de manos de Porfirio Díaz; también mi madre y la menor de mis tías. Años después, Raquel y Josefina Molina Rivero estudiaron en la histórica institución, que se fundó el 24 de febrero de 1887. Primero se llamó Escuela Normal para Profesores de Instrucción Primaria y en 1924 Lauro Aguirre asumió la dirección del plantel para convertirlo, a partir de 1925, en la Escuela Nacional de Maestros, a la cual, al cumplir sus primeros 100 años de vida (1987) se le otorgó oficialmente el nombre de Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Más de 100 generaciones egresadas de sus aulas han enseñado a leer y a escribir a millones de mexicanos en todo el país.
Por todo lo anterior fue un deleite para mí hablar del Derecho a la Educación en el auditorio Lauro Aguirre de la mencionada escuela ante 250 maestras y maestros en formación y algunos de sus propios profesores. “Me conmueve profundamente –les confesé– constatar que, en pleno capitalismo depravado, en la era de los gerentes y cuando el gobierno neoliberal más aberrante ataca como perro rabioso a la educación pública y sus maestros, haya jovencitas y jovencitos que como ustedes aspiran a ser docentes, a participar en la espléndida y noble tarea de nutrir y desarrollar la mente y el espíritu de la infancia escolar”.
El lema de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros es Lux, Pax, Vis: Luz en la inteligencia, Paz en el corazón, Fuerza en la voluntad. En el origen, para ser profesor de la Normal se requería tener más de 25 años, buena conducta y aptitud para el magisterio. Los aspirantes a ser alumnos debían tener 14 años cumplidos, así como aptitud y moralidad reconocidas y conocimiento de las materias que, según la ley, formaban la instrucción primaria. Claro, el mundo era más sencillo y más verdadero, pero la pareja pedagógica maestro-niño sigue siendo la misma y el acceso a la educación pública, gratuita y obligatoria seguirá siendo un derecho humano fundamental: irrenunciable, inalienable y universal como lo consagran el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; los artículos 28 y 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez y también, por cierto, la Constitución Política mexicana.
