l jueves pasado se presentó en la sala Octavio Paz del Senado el documental Mirar morir. Este trabajo periodístico fue traducido al lenguaje fílmico por los cineastas Coitza y Témoris Grecko, quienes solidariamente se articularon con diversos comunicadores y periodistas para construir este material audiovisual, que quedará para la posteridad como una denuncia que nace de la indignación y exigencia de justicia ante los hechos lamentables de Iguala, Guerrero.

Luego de observar con atención este impactante documento, considero que, mediante testimonios y opiniones autorizadas, sistematiza y caracteriza la situación de crisis de derechos humanos que padecemos en el país. Y confirmo que los dolorosos e indignos hechos que se han dado en el tan golpeado sur del país, ahora en Iguala (donde desaparecieron forzadamente a 43 jóvenes normalistas, ejecutaron arbitrariamente a tres, y más de una veintena padecieron tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes) son con mucho una muestra del horror y la tragedia en la que nos encontramos. Sobre este lamentable caso, y otros más, el documental proporciona robustos argumentos para enfrentar esta situación.

Me aventuro a afirmar que el contexto histórico y social que proyecta nos ayuda igualmente a interpretarlo aún mejor. Hay que decir, por un lado, que es errónea la decisión de mantener vigente el paradigma de seguridad nacional por encima de las propuestas de seguridad ciudadana, incluso humana, que ha sido impulsada por diversos países que padecieron los embates de una lógica de militarización y terror. Como hemos venido sosteniendo desde tiempo atrás, existe una confusión entre seguridad nacional y seguridad interior. Asunto en verdad grave y delicado que, ahora, entre otras cosas, nos ha llevado sin duda a la actual situación de crisis humanitaria y de derechos humanos.

A mi parecer, del documental podemos desprender lo que estructuralmente está siendo urgente atender y transformar. Es decir, esos modelos económico y de seguridad hegemónicos, vinculados entre sí, que violentan sistemáticamente derechos humanos de personas y pueblos. Ya en otras ocasiones me he ocupado de este tema ( La Jornada, 11/06/11). Resalto de nuevo el Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó en 2009 que el concepto de seguridad ciudadana, por el que hemos pugnado desde hace tiempo diversas organizaciones, e incluso por el de seguridad humana, son reflexiones que surgieron en América Latina en el curso de las transiciones políticas a la democracia como un instrumento legítimo para diferenciar la naturaleza de la seguridad en un régimen democrático frente a la seguridad en los regímenes autoritarios. ¿Cómo se está viendo entonces la seguridad en el actual régimen? ¿Por qué sostener un paradigma de seguridad que lo único que ha hecho es colocar a personas y pueblos en situación de total vulnerabilidad?

Pienso que en la denuncia que se hace en este documental no podemos dejar de considerar la lógica que impone esa concepción de seguridad nacional como medio único para enfrentar engañosamente el combate al narcotráfico. En el filme sobresalen los atinados comentarios de José Reveles, Edgardo Buscaglia, Lorenzo Meyer y Abel Barrera, entre otros, que no dejan lugar a dudas acerca del ambiente de corrupción, en diferentes ámbitos del Estado, y de la forma como éste renuncia a cumplir las obligaciones que tiene en relación con los derechos de las personas.

Es lamentable observar un Estado, por un lado omiso para con sus obligaciones positivas y negativas en torno a la seguridad ciudadana y, por otro, cómo se habilita, por acción u omisión, como facilitador del avance del crimen organizado, pues, tomando en cuenta lo que anteriormente dije en relación con la seguridad ciudadana para las personas y pueblos, no hay garantías suficientes para gozar de una vida libre de la miseria y el terror. Por acción, porque vemos que este Estado es partícipe de alguna manera en el sostenimiento de la impunidad, la corrupción y el uso arbitrario de la fuerza pública, y porque intencionadamente se niega a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales.

Sin duda que en esto subyace la imperiosa necesidad de atender cuanto antes y sin obstáculos la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de indagar entre los integrantes de las fuerzas armadas del 27 batallón de Iguala, Guerrero, que de algún modo participaron en los acontecimientos del 26 al 27 de septiembre de 2014. Lo que ayudaría para avanzar en cambios significativos y en la transformación de este paradigma hegemónico de seguridad nacional que siguen imponiéndonos. Recuerdo, por ejemplo, que en el contexto del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), un conjunto amplio de organizaciones y movimientos sociales, así como ciudadanos a título personal, exigimos al gobierno que este paradigma de seguridad, basado en el control social y en el aumento de la militarización, es desfavorable, por no decir que hace imposible, la realización de una vida justa y digna, basada en un enfoque de derechos humanos, que erradique la violencia estructural y cotidiana que padecen las personas ylos pueblos. Hoy, nuevamente, a propósito de este documental, y como hace décadas, cuando luchamos contra dictaduras militares o cuando emergió el MPJD, surgen las exigencias sobre el cambio de paradigma de seguridad, sobre la desmilitarización de nuestros territorios y por el respeto irrestricto de los derechos humanos.