l pasado miércoles 17 de febrero, las notas periodísticas hicieron referencia a actores políticos de primera importancia de la Ciudad de México que protagonizaron una inédita serie de episodios en el terreno de la educación superior. Por un lado, se dice que (aunque la aludida lo desmintió un día después) “irrumpe priísta (presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa) en escuela de Morena… con gritos, de manera agresiva y prepotente”, y fotografía alumnos ( La Jornada, 18/02/16, p. 35). El mismo día, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa arremete contra las escuelas universitarias de Morena y, como conclusión, afirma que tenían razón el PRI y la diputada (priísta, arriba mencionada) … ahora me arrepiento (...) de haber asignado presupuesto a la UACM (No mucho de qué arrepentirse, por cierto, pues la Asamblea no dio un solo peso local más de presupuesto a la UACM para este año, el único incremento provino de fondos federales). Por otra parte, frente a los dirigentes de la UNAM y el IPN, el jefe de Gobierno llamó a reforzar las acciones para evitar que miles de jóvenes se queden sin estudiar y el rector, previniendo un recorte de fondos a la universidad, señaló que deberán hacer ajustes a sus recursos. ( La Jornada 18/02/16, pp. 35 y 41).

Esta realidad opuesta, concentrada en un solo día, es una muy pequeña muestra de lo que en la Ciudad de México es hoy la contradictoria conducción de la educación. Uno de sus actores pide más lugares para los jóvenes, otros amenazan con impedir que eso ocurra. Impotentes, las instituciones de educación superior observan este espectáculo con preocupación. Si de esta manera tan amenazante y restrictiva se construye la relación entre el poder (que ofrece recursos económicos y apoyo político indispensable) y las universidades, maestros y estudiantes, evidentemente que el futuro es muy incierto. Si en una entrega anterior aquí se mencionó la necesidad de establecer un fondo patrimonial para la educación no sujeto a la volubilidad de gobiernos y congresos, el miércoles 17 apareció claro por qué eso es urgente e impostergable.

Lo que hoy vemos, sin embargo, no es sólo un problema de financiamiento, es algo más delicado, que tiene que ver con la conducción misma de la educación. Y la Ciudad de México tiene el problema de que es heredera de la cultura y realidad de casi un siglo de conducción centralizada, burocratizada, en manos de unos cuantos, creadora de una educación que no es una relación comunitaria, sino sobre todo un acto de gobierno. En sus primeros cincuenta años produjo frutos importantes (y distorsiones), pero desde los años ochenta entró en un proceso claro de deterioro. A partir de los noventa y dos mil, con la inclusión de cúpulas empresariales como co-conductores y referentes del quehacer educativo, se añadió el tono agresivo, perdonavidas y violento que prevalece en la conducción de la educación. El año pasado, con la militarización y violencia contra los maestros, llegó a extremos ya de desintegración como conducción válida y legitimada. Hay en calles y escuelas un enfrentamiento entre la vieja forma autoritaria de conducción que agoniza violentamente, y el amplio clamor –expresado visiblemente por los maestros en rebeldía, pero también en iniciativas escolares independientes– que demanda ya una manera distinta de guiar la educación del país.

Por eso, la constitución de la Ciudad de México tendrá que definirse: o apuesta implícitamente por la continuación de esta conducción actual obusca nuevas rutas. La experiencia de un siglo y, sobre todo de estos últimos treinta años, ha mostrado claro lo que no funciona y, desde ahí, procede pensar en una alternativa. Por ejemplo, una conducción distinta debería ser autónoma del gobierno y de la clase política (pronto se cumplen 80 años del exitoso experimento de autonomía universitaria). Debería ser pública, en el sentido de escuelas de libre acceso, gratuitas y con estructuras de apoyo. Democrática, con un concejo a nivel de ciudad que incluya representantes de maestros, estudiantes y, en menor proporción, autoridades, padres de familia y sectores sociales. Con el apoyo de comités especializados que estudien dilemas y problemas, este espacio sería el ámbito encargado de discutir y establecer las políticas o lineamientos de la educación en la ciudad. Y, además, una conducción creativa, orientada a convertir a escuelas y universidades en espacios donde florezcan multitud de procesos de formación, de conocimiento superior y compromiso con la nación y las comunidades.

Es cierto que esta ruta tiene sus problemas (y también abundantes lecciones), pero con décadas de verticalidad, burocratismo, centralismo y una conducción (empresarial) cada vez más agresiva y ajena a los intereses y aspiraciones de niños y jóvenes a la hora de constituir una ciudad, es momento de detenerse y hacer un análisis sobre las opciones disponibles. Habrá seguramente más días de escuelas rotas, como ocurrió el pasado miércoles, de combates partidistas, de descuido financiero, pero la violencia simbólica y real contra la educación día tras día no hace más que volver a poner sobre la mesa la necesidad de una ruta diferente.

Recordamos al buen compañero, Luis Javier Garrido.

*Rector de la UACM