res noticias relacionadas con cambios a los sistemas de pensiones han generado inquietud entre los trabajadores y trabajadoras, mismas que de no ser adecuadamente trasmitidas y valoradas pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas o, al menos, a generarnos angustia personal y familiar. Nos referimos a la reforma legal del Pensionissste, a la propuesta de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para modificar los derechos de los trabajadores pertenecientes al régimen anterior, de cuentas individuales, y, recientemente, al anuncio del Partido Verde Ecologista de incluir en su programa de trabajo legislativo la promoción de una reforma similar a la propuesta por la OCDE.

La reforma a la Ley del Pensionissste es una iniciativa que aún no culmina su proceso legislativo. Hasta ahora, ha sido aprobada tan sólo en el ámbito de la Cámara de Diputados por las fracciones de PAN, PRI y sus partidos satélites; está pendiente todavía su discusión en el Senado. Se trata de una reforma que, a largo plazo, resultará nociva para los trabajadores, ya que modifica sus reglas de funcionamiento, reduce su carácter público al someterlo íntegramente a los intereses del sector privado, abre la puerta para cobrar comisiones de administración más altas, elimina responsabilidades del gobierno y la obligación de que sus recursos se inviertan en actividades productivas, también que la reinversión de sus remanentes se canalice a las mismas cuentas individuales y porque el Estado no se hará responsable de las minusvalías. En fin, es una mala ley y, por eso, el 8 de diciembre de 2015, mediante el voto particular de Morena, se plantearon 80 reservas u objeciones. Sin embargo, esta reforma no cancela las pensiones de los trabajadores regidos por el Issste ni cambia las reglas para acogerse al décimo transitorio. Quien cumpla 30 años de servicios y el requisito de edad mínima podrá jubilarse como estaba previsto, aun cuando la reforma llegue a ser aprobada por el Senado. En conclusión, jubilarse desde ahora con motivo de esta ley es una decisión equivocada.

En tanto, la propuesta de la OCDE sostiene que los derechos de los trabajadores del llamado régimen anterior, en el caso del IMSS sujetos a la Ley de 1973, vigente hasta 1997, y en el del Issste hasta antes de 2007, protegidos por el llamado décimo transitorio, resultan sumamente costosos para el erario, y sugiere un plan de choque que identifica como prorrata (algunos lo llaman pro-rata s), mediante el cual se reconocerían a los trabajadores de ambos sistemas los derechos adquiridos hasta la fecha y se les aplicaría a futuro el de cuentas individuales. Propone pues, desaparecer el sistema anterior, por considerarlo generoso y financieramente insostenible, y cambiarlo al de cuentas individuales, equilibrado y financieramente sostenible; su proyecto incluye subir las contribuciones al doble o triple de las actuales, incrementar la edad de jubilación, limitar las pensiones del IMSS a 10 salarios mínimos, establecer una pensión básica para aquellos que no hayan acumulado derechos y mejorar las pensiones para adultos mayores.

Con respecto a la propuesta de la OCDE, conviene aclarar: primero, que la misma no está contenida aún en alguna iniciativa de ley; segundo, que es tan brutal y exageradamente nociva que cualquier gobierno la pensaría tres veces antes de hacerla suya por la reacción popular que provocaría; y, tercero, que aun suponiendo que llegara a ser ley, no puede afectar a los que ya están jubilados ni a aquellos que continúan trabajando y ya han cumplido con los requisitos para obtener una jubilación con el sistema anterior, porque ya tienen derechos adquiridos, que no pueden ser alterados, y conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia, las modificaciones legales sólo pueden afectar a quien tenga una expectativa de derechos. Esto es, si, por ejemplo, yo tengo 60 años de edad y 500 semanas cotizadas, en el caso del IMSS, o 30 años de servicio y la edad mínima que señala el décimo transitorio del Issste (52 para mujeres, 54 para varones, este y el próximo año), de nada sirve que me jubile aceleradamente porque no estoy en riesgo legal. Lo están, en todo caso, quienes no hayan cumplido los requisitos mínimos. Pero ellos, de cualquier manera, no pueden jubilarse.

Una razón adicional para no jubilarse intempestivamente es que este tipo de decisiones requieren de un plan de vida alternativo para gozar del retiro, la ausencia de un proyecto posjubilatorio suele generar frustración, reducción de algunos ingresos complementarios y problemas incluso para la familia, que no está preparada para este cambio.

Por lo que se refiere a la tercera noticia sobre pensiones, generada por el Partido Verde, es natural que provoquen inquietud, por la mala fama de este instituto político, que suele hacer el trabajo sucio al PRI; sin embargo, conviene aclarar que no ha presentado todavía alguna iniciativa de ley al respecto, parece que tan sólo está tanteando el terreno. En todo caso, es fundamental expresar por todas las vías un rechazo a tan cuestionable planteamiento. Conviene aclarar, para tomar las precauciones necesarias, que cualquier modificación en materia pensionaria debe ser desahogada mediante un procedimiento legislativo.

Nuestra recomendación, estimado lector, es que no se jubile sin tener un plan B, como regresar a su lugar de origen, contar con una actividad complementaria para incrementar sus ingresos, gozar de ahorros acumulados, o porque necesite atender algún problema de salud. He presenciado en mi vida profesional que la mayoría de los trabajadores que se jubilan sin una reflexión ponderada y un proyecto alternativo suelen arrepentirse. En muchas ocasiones, el trabajo, a pesar de todos sus sinsabores, suele ser mejor opción que un retiro sin plan de futuro.