Deterioro y abandono prevalecen en la mayoría de las más de 7 mil 500 unidades habitacionales que hay en la Ciudad de México, en las que tampoco hay quien sancione las malas prácticas de sus inquilinos, por lo que es pertinente asignar recursos suficientes para su rescate y otorgar mayores facultades a la Procuraduría Social (Prosoc), consideró Armando Quintero, de la organización Unidad y Renovación (Unyr).

Durante el foro Dignificación de Unidades Habitacionales, que reunió a representantes de 77 de esos conjuntos de la delegación Tláhuac, Quintero detalló que estos espacios representan 83 por ciento de las viviendas particulares clasificadas como departamentos en edificio, donde viven cerca de 3 millones 500 mil capitalinos, por lo que no es menor la población que requiere ser atendida.

Expresó que un problema generalizado es la falta del pago de mantenimiento de los condóminos, lo que impide una atención adecuada a los edificios y ha provocado que, según datos de la Prosoc, 20 por ciento de las unidades requieran prácticamente volverse a construir.

Añadió que en estos espacios, además, están canceladas las actividades deportivas, culturales y recreativas de sus habitantes, porque las instalaciones han sido privatizadas de facto por administradores o líderes vecinales, sin que la Prosoc pueda intervenir porque no cuenta con facultades de sanción.

Ante ello, señaló que es necesaria una nueva y moderna legislación que permita que esta dependencia sea una verdadera instancia de regulación de la vida condominal.

Precisó que 66.6 por ciento de las unidades censadas son de una a 20 viviendas; 24 por ciento de 21 a 150; 7 por ciento de 151 a 600; 1.3 por ciento de 601 a mil 300 viviendas y poco menos de uno por ciento tienen más de mil 301, entre ellas Tlatelolco, Vicente Guerrero, El Rosario, CTM Culhuacán e Infonavit.