Al concluir las 11 audiencias públicas en torno a la regulación de la mariguana, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, dijo que hay consensos políticos sólidos para liberar el uso médico y terapéutico de la cannabis y para elevar la dosis permitida de consumo, de cinco a 28 gramos.

Planteó incluso que se permita a los campesinos cultivar la yerba para que polígonos de producción bajo el control del Estado la vendan a la industria farmacéutica y también se pueda exportar a Estados Unidos y Canadá, que están liberando el mercado. Con ello, subrayó, les quitaríamos la ley de la plata o el plomo que les impone el crimen organizado.

Durante la ceremonia de clausura de las audiencias públicas, Gil Zuarth sostuvo: la conclusión más reveladora de este ejercicio es que la política prohibicionista que conocemos desde la segunda mitad del siglo XX es un rotundo fracaso y tiene que cambiar. No hemos reducido, ni se ha inhibido el consumo de ciertas drogas, específicamente de la mariguana.

Más allá del uso medicinal

Ante especialistas internacionales, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro de Investigación y Docencia Económicas y funcionarios públicos, que pidieron ir más allá del uso medicinal, pues quedarnos sólo en eso sería un error y un pequeño paso, el panista destacó que la criminalización está generando sobrecarga en el sistema penitenciario.

El especialista inglés Steve Rolles, director de Política Pública de Transform Drug Policy Foundation, resaltó que México debe encontrar un modelo de regulación responsable, porque el mercado de la cannabis no va a desaparecer; insistió en que esta regulación debe darse mediante las autoridades correspondientes.

“El énfasis debe hacerse en la regulación para retomar el control del mercado, y el mercado de la mariguana existe, no es algo que vaya a desaparecer; la prohibición no lo ha logrado, al contrario, continúa creciendo. Así que tenemos dos opciones: dejarlo en las manos del crimen organizado o regularlo con un marco legislado, que establezca las prioridades de seguridad comunitaria y de salud pública, señaló.

Álvaro Santos, profesor de derecho en la Universidad Georgetown, resaltó ante senadores y diputados los altos costos y los resultados negativos del modelo prohibicionista, que no ha reducido el consumo de drogas y sí ha producido más violencia y encarcelamiento masivo.