La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Jorge Joaquín Ignacio Serrano Limón, dirigente de Provida, por el delito de peculado por más de 25 millones de pesos.

El dirigente de esta organización civil se encuentra preso en un reclusorio de la Ciudad de México, luego que el juzgado primero de distrito en materia penal, con sede en la capital del país, librara la orden de aprehensión correspondiente, al considerar que Serrano Limón cometió faltas graves en el ejercicio de recursos públicos asignados para el equipamiento de centros de ayuda para la mujer.

La PGR dio a conocer por medio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf), que encabeza José Guadalupe Medina Romero, ejercitó una orden de aprehensión en contra de Serrano Limón por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.

El Ministerio Público Federal señaló que como consecuencia de una revisión realizada a dicha asociación civil por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron diversas irregularidades y faltas graves en el ejercicio de los recursos públicos que el gobierno federal le había asignado para el equipamiento de centros de ayuda para la mujer.

De acuerdo con la indagatoria, en total, la Auditoría Superior de la Federación detectó desvió de recursos públicos por 25 millones 764 mil 539.61 pesos, por lo que se inició la averiguación previa correspondiente por el delito de peculado en contra del administrador y presidente de esa organización civil.

Según la PGR la orden de aprehensión en contra de Serrano Limón le fue otorgada desde el pasado 21 de octubre y el mandamiento judicial fue cumplimentado hoy y ya quedó a disposición del juez que ordenó su captura.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Serrano Limón firmó un acuerdo en marzo de 2003 con la Administración de Patrimonio de la Beneficencia Pública –órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud–, para un proyecto de expansión de 10 Centros de Ayuda a la Mujer en diversas ciudades del país, para lo cual la dependencia federal se comprometió a destinar un máximo de 30 millones de pesos.

En 2004, ambas partes signaron un convenio similar. Sin embargo, el 14 de septiembre de 2004, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud detectó irregularidades en la evaluación del proyecto, autorización, comprobación, supervisión y desviación de recursos, así como en la adquisición de material y equipo, cuya existencia no pudo comprobarse en los centros de Ayuda a la Mujer, lo que ocasionó un daño al erario federal por 31 millones 15 mil 129 pesos.

Quedó, posteriormente, en evidencia que parte de esos recursos habían sido destinados por Provida para la adquisición de tangas y plumas de lujo.

El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que negó un amparo a Serrano Limón, y en su caso, la Auditoría Superior de la Federación detectó que de los recursos entregados a Serrano Limón sólo habían comprobantes de gastos duplicados y en ciudades donde no existen centros de Ayuda para la Mujer.