En la revisión de la cuenta pública 2014, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectó un posible daño o perjuicio a la hacienda pública federal por un monto de más de mil 170 millones de pesos en la aplicación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica, en el que se fusionaron los recursos destinados a los programas de promoción y fomento de libros; nacional de lectura; de la reforma curricular en educación básica, y nacional de inglés.

De acuerdo con la auditoría financiera y de cumplimiento, se aplicó a la totalidad de los recursos asignados por más de mil 251 millones de pesos, los cuales fueron ejercidos en el segundo año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y durante la gestión del entonces secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet.

El posible daño al erario se debe a la falta de documenmátación comprobatoria que demuestre que el gasto se erogó para el cumplimiento del citado programa ‘‘con documentación que cumpla con los requisitos fiscales y que corresponda a compromisos efectivamente devengados y comprobados de acuerdo con las reglas de operación’’ establecidas para estas acciones.

Los recursos ejercidos por la Subsecretaría de Educación Básica, que fueron transferidos a las 32 entidades mediante subsidios, esta orientado a la mejora del logro educativo de los alumnos a través de estrategias centradas en la escuela.

Las acciones prioritarias que debían impulsar los estados con estos recursos incluyen la entrega de materiales educativos complementarios, apoyo para el desarrollo curricular, la instrumentación de una segunda lengua (inglés) y el financiamiento a proyectos locales congruentes con los objetivos del programa.

Sin embargo, se detectó que no se exigió a las entidades la presentación de contratos de apertura de cuentas bancarias del programa ni los estados de cuenta; tampoco se entregaron los informes de avance físico financiero sustentado mediante comprobantes fiscales.

En el ejercicio del gasto se detectaron irregularidades por un monto de 150 millones 801 mil pesos, que se destinó a la compra de materiales de oficina que no cubre el programa, documentos que no cumplen los requisitos fiscales, pago de vales de gasolina, compra de artículos deportivos, eventos que no justifican su relación con el programa y nómina de asesores en el idioma inglés sin presentar el comprobante fiscal digital por Internet de los prestadores de servicios.