El Informe general sobre la cuenta pública 2014, presentado ayer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), destaca que al 31 de diciembre de ese año el subejercicio de los gobiernos estatales del gasto federalizado ascendió a 63 mil 607 millones de pesos. El auditor Juan Manuel Portal consideró que esto podría implicar ‘‘incumplimiento de metas y objetivos de los programas, así como la posibilidad de un ulterior uso indebido de los recursos’’.

En el documento entregado a la Cámara de Diputados se subraya que entre los programas donde se acentuó esta práctica están: Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (78.5 por ciento); Expansión de la Oferta Educativa (75.3); Fondo de Cultura (56), y Escuelas de Tiempo Compartido (49.6 por ciento).

La ASF advierte que los efectos del subejercicio ‘‘van más allá de un mero problema administrativo, ya que tiene un impacto negativo’’ para alcanzar las metas. El informe precisa que al momento de realizar las auditorías el monto subejercido era de 34 mil 333 millones de pesos, ya en 2015, aunque correspondieran a partidas de 2014.

Se atribuyen como causas de estos subejercicios: imprecisiones normativas que obliguen a ejercer los recursos en la anualidad asignada; normativa compleja en algunos programas; ministración oportuna de las partidas en los últimos meses, y debilidades institucionales en municipios y algunas dependencias estatales.

Vinculada a esta práctica, la ASF detectó la continuación de operaciones irregulares en los gobiernos estatales y municipales: hay una indebida transferencia de recursos de las cuentas de fondos y programas, sin que existan garantías de transparencia; algunos estados crean una cuenta concentradora para las partidas de los diferentes programas federalizados, lo que propicia un manejo sin control que favorece el desvío para otros fines, apunta.

‘‘La falta de orden y disciplina financiera en estados y municipios provoca desviaciones indebidas de los recursos federales ya que ante las dificultades de los gobiernos locales para atender requerimientos propios, no financiables por los fondos o programas, recurren al uso irregular de los recursos federales transferidos. La ausencia de transparencia y falta de rendición de cuentas propician incentivos para la corrupción’’, subraya el informe.

Para enfatizar el impacto negativo del subejercicio en el gasto federalizado programable, la ASF destaca que éste representa 74.5 por ciento del gasto educativo federal; 73.8 de la matrícula pública de la educación básica; 74.1 del gasto federal en salud, y 93.6 por ciento en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tras advertir la acentuada dependencia que tienen los recursos que ejercen los estados de las partidas federales (participaciones y transferencias condicionadas), la ASF revela: ‘‘De 677 auditorías en las que se realizó la evaluación del control interno, en 53.6 por ciento de los casos fue deficiente, en 43.4 regular y sólo 3 por ciento resultó satisfactoria’’. Para la Auditoría, tener control eficiente es premisa insoslayable para el correcto ejercicio del gasto.