l asunto resulta hasta fácil de desentrañar. No hay confusión, los enemigos de siempre han comenzado una nueva campaña de ataques en contra de Andrés Manuel López Obrador. El motivo es lo de menos; cualquier pretexto es bueno, el enemigo es el político tabasqueño y eso vale para hacer que los ataques sean ciegos, carentes de razón.

Ahora se trata de las escuelas universitarias que desde la bandera de Morena se están instalando en esta ciudad y en algunas otras del país. Se dice que no tienen registro y que se han levantado en lugares poco apropiados para impartir clases a nivel licenciatura, y por ello se les ha condenado.

Ayer el escándalo, producto del odio político, rompió todas las barreras. La priísta Cynthia López, escoltada por un grupo de personas, ingresó con lujo de violencia a una de las escuelas de educación superior de Morena en la delegación Cuauhtémoc, la dedicada al derecho. La diputada, a quien en algún momento se ubicó como cercana al secretario de Educación, Aurelio Nuño, amenazó –a alumnos y maestros– con gritos que iba a cerrar el plantel.

Nadie en sano juicio puede culpar a la diputada de seguir las órdenes de sus jefes, y menos aún de estar en desacuerdo con López Obrador, por eso milita en el PRI. Pero eso no le da ninguna autoridad para decir que va a cerrar una escuela, menos aún para amenazar a quienes imparten clases o quienes las toman. Más bien, se trataba de montar un espectáculo mediático, y por ahí hacer que se tome en cuenta su lealtad, porque eso de estar preocupada por la educación es algo que nadie le puede creer.

Veamos: según el último informe de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre escuelas que carecen de registro –el pretexto de la diputada es que la escuela no está registrada–, y por tanto esos estudios no tienen ninguna validez, claro, oficial; pero eso no es delito. Se trata de un trámite que ya está en proceso y que deberá cumplirse.

Decíamos, pues, que las preocupaciones de la diputada no parecen ser las del problema de las escuelas sin registro, porque –volvemos a la Profeco– según ese organismo, de las más de 2 mil 600 universidades particulares que hay en México, sólo 80 han comprobado su calidad ante la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, y apenas 903 cuentan con reconocimiento de validez oficial otorgado por la SEP.

Es muy probable que las cifras que damos hayan sufrido alguna variación; el informe es de 2007, pero es el último dato con el que se cuenta, cuando menos de manera pública, y a decir de algún funcionario del organismo, el problema sigue más o menos igual.

Desde luego, hay cifras más recientes. El año pasado, la UNAM rechazó a 53 mil 361 aspirantes a ingresar a esa casa de estudios; el Poli no pudo dar cabida a 64 mil 440 jóvenes que pretendían ingresar a la institución, y la UAM no pudo aceptar en sus aulas a más de 30 mil que buscaban obtener estudios superiores. Total, casi 150 mil jóvenes se quedaron fuera de las instituciones que hemos mencionado.

Entonces, el ataque de la señora López no parece que pueda dar resultados en contra de Andrés Manuel –el solo hecho de buscar que los jóvenes tengan educación superior ya sería un logro–, pero sí puede dañar, y muy en serio, a los alumnos de esas escuelas a las que ella amenazó.

Y no es la única equivocada. La titular de la Secretaría de Educación local, Alejandra Barrales, también quiere cerrar escuelas, como en los regímenes dictatoriales. Lo bueno es que ella no tiene facultades, eso parece, para poner manos a la obra, aunque sí le sobran palabras para tratar de engañar a quienes la escuchan. Mal para su futuro político, que sí debe importar a Barrales.

De pasadita

Vaya logro el del delegado de Azcapotzalco. Sentó a los desarrolladores inmobiliarios, y sin gritos ni sombrerazos puso a revisión 30 manifestaciones de construcción que avalaban 8 mil viviendas y plazas comerciales. Habrá que estar pendientes de lo que se logre en esa revisión. ¡Cuidado!

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