ntre los años 1995 y 1996, en San Andrés Sakamch’en, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) realizó uno de los ejercicios más democráticos de que se tenga memoria en la historia reciente de nuestro país, para construir las propuestas que serían posteriormente el contenido de los acuerdos de San Andrés, sobre derechos y cultura indígena. Acuerdos que fueron firmados el 16 de febrero de 1996 entre el EZLN y el gobierno federal, éste con el compromiso de enviarlos al Congreso de la Unión para convertirlos en reformas y adiciones constitucionales, elevados así a rango de ley suprema.

A pesar de haber suscrito los acuerdos, el gobierno federal se negó a cumplirlos, eludiendo consecuentemente la obligación jurídica que asumió con el EZLN y frente a toda la sociedad. También los senadores y diputados de todos los partidos políticos representados en la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación) traicionaron su palabra e incumplieron el compromiso adquirido.

El contenido de los acuerdos incluía la creación de un marco jurídico para establecer una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, con base en el reconocimiento de su derecho a la libre determinación y de derechos jurídicos, políticos, sociales, económicos y culturales. Las nuevas disposicio-nes constitucionales debían incluir el reconocimiento de la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas, a partir de sus características culturales, sociales, políticas y económicas, propias y diferenciadas.

En lo relativo a las tierras, los acuerdos de San Andrés establecían el acceso a los recursos naturales de sus tierras, entendidas éstas como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan y ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la nación.

Finalmente, cuando llegó la iniciativa de reforma constitucional al Poder Legislativo, los senadores y diputados eliminaron gran parte de la propuesta. En particular, eliminaron lo relativo a las tierras y territorios, dejando una formulación que no reconoce derecho alguno sobre las tierras y recursos naturales, porque lo subordina a leyes secundarias y derechos de terceros. (el problema de las tierras y el artículo 27 estaba previsto tratarlo en el tema tres de la agenda de los diálogos pactada entre las partes).

Fue muy poco lo que quedó en la Carta Magna: ello, evidentemente, no es imputable al EZLN, sino a los poderes Ejecutivo y Legislativo que traicionaron los acuerdos.

La delegación del EZLN insistió en señalar la falta de solución al grave problema agrario nacional y a la necesidad de anular la reforma salinista del artículo 27 constitucional, para retomar el espíritu de Emiliano Zapata, resumido en dos demandas básicas: la tierra es de quien la trabaja, y tierra y libertad; esto quedó plasmado en el documento que el EZLN denominó Punto y seguido

A 20 años de los acuerdos de San Andrés podemos decir que la lucha zapatista sigue teniendo repercusión y alcances políticos y jurídicos importantes para las comunidades y pueblos indígenas, y sus demandas siguen vigentes y actuales.

En lo jurídico, lo que quedó de los acuerdos en el artículo segundo constitucional nos ha servido a los litigantes en los tribunales para defender a las comunidades indígenas en conflictos de tierras y reconocimiento de sus derechos, para que se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, lo que se traduce en que se dé validez jurídica a las cuestiones orales y tradicionales de las comunidades, dejando de exigir un respaldo documental y registral que no son propios de ellos.

La Suprema Corte de Justiciade la Nación publicó un protocolo de actuación para los juzgadores en los casos en que estén involucrados los indígenas, ya sea de manera individual o colectiva. Son lineamientos que deben aplicar los jueces y magistrados en el trámite de asuntos y al dictar resoluciones en litigios en los cuales sean parte los indígenas o sus comunidades y pueblos, aunque no siempre lo hacen en la práctica.

Se puede decir que los avances jurídicos en el tema de derechos y cultura indígena han sido posibles gracias a la lucha del EZLN. Aun si para ellos esto ya no tiene mayor importancia, puesto que las comunidades zapatistas en Chiapas han llevado el ejercicio de su autonomía a un plano mucho más amplio que abarca los aspectos políticos, económicos, culturales, de salud, de tierras, de educación, de justicia, de formas de gobierno y, en general, otra forma de ver el mundo.