Río de Janeiro.

El miércoles 17 de febrero anunció una cosa pero entregó otra. Lula sería interrogado por un fiscal, en la condición de investigado, y Dilma corría el elevado riesgo de sufrir otra derrota en la Cámara de Diputados. Bueno: ni Lula fue interrogado ni Dilma derrotada.

Por la mañana, todas las atenciones estaban puestas en un tribunal de la ciudad de Sao Paulo, donde Lula da Silva sería interrogado a las 11 horas (local) y su esposa, María Leticia, a la una de la tarde, ambos en la incómoda situación de investigados. La pareja no compareció: en la noche del martes, un integrante del Consejo Nacional del Ministerio Público, atendiendo a una petición del diputado Paulo Teixeira, del PT, anuló la convocatoria emitida por el fiscal provincial Cassio Conserino.

Para el entorno más íntimo de Lula, no fue exactamente una sorpresa: la posibilidad de no obedecer a la intimación del fiscal Conserino era una alternativa analizada desde hace una semana. Amigos y consejeros de Lula le recomendaban no comparecer al tribunal, para evitar una exposición que seguramente provocaría aún más desgaste en su imagen. Los abogados reiteraban que el fiscal Conserino había rebasado, y mucho sus funciones, además de haber declarado a la prensa su decisión de inculpar a la pareja, antes aun de escucharla, lo que ya sería más que suficiente para denunciarlo, por parcialidad evidente, ante instancias superiores.

Para profunda irritación de la oposición, especialmente la ejercida sin tregua por los medios hegemónicos de comunicación, a la tardecita Lula accedió y Paulo Teixeira, que junto a otros dos parlamentarios que son a la vez abogados integra una informal tropa de élite jurídica del PT, interpuso el recurso, que, analizado en carácter de urgencia, fue aceptado poco antes de las diez de la noche. La cuestión será llevada ahora al pleno del Consejo Nacional del Ministerio Público, donde el frustrado fiscal provincial solicitó recurso.

El argumento jurídico de la petición presentada por el parlamentario-abogado Paulo Teixeira puede ser resumida en pocas palabras: la causa en la cual el fiscal decidió interrogar a Lula y Marisa Leticia ya está bajo investigación en otro tribunal, y Cassio Conserino no tiene jurisdicción para abrir una acusación paralela. En la causa original, que se refiere al tan mentado departamento en una playa de Sao Paulo que sería de Lula (del que ya comprobó un sinfín de veces que no es el propietario), el ex presidente y su esposa no son investigados.

A partir del momento en que se supo que no habría interrogatorio de Lula, las atenciones se volcaron hacia la Cámara de Diputados, en Brasilia. Por la tarde, el PMDB, principal aliado del PT en el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, se reuniría para elegir el jefe de la bancada para 2016. Resumir la cuestión a una simple disputa interna sería ocultar el verdadero escenario: además de tener la mayor bancada en la Casa, el PMDB está literalmente dividido entre los que apoyan el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, enemigo declarado de la mandataria, contra quien abrió un juicio para destituir del puesto, y los que defienden al gobierno.

Así, el vencedor no sería exactamente el diputado elegido por sus pares: sería Cunha, el enemigo número uno, o Dilma, la adversaria debilitada y desgastada. Si su candidato ganase, Cunha saldría muy fortalecido, en el delicado momento en que enfrenta un juicio en el consejo de ética de la Cámara, a raíz de su muy extensa hoja de delitos; si ganase el candidato que apoya al gobierno, Dilma tendría un amplio espacio para respirar y evitar la misma parálisis que la Cámara de Diputados impuso a los trabajos legislativos a lo largo de todo el año pasado.

El oficialista Leonardo Picciani obtuvo 37 votos, su adversario 30, y hubo dos abstenciones. Conocido el resultado, los dos lados empezaron a hacer cálculos. El gobierno, para intentar prepararse para el precio de la factura que seguramente le será pasada por el ganador. Cunha, para detectar traiciones y disparar su implacable venganza.

Una cosa quedó clara, al menos en este primer momento, para ambos lados: el gobierno tiene, en la bancada de su principal y más infiel aliado, mayoría, pero sabe que 30 diputados son claramente de oposición.

Dilma tiene una extensa y difícil pauta a ser negociada en el Congreso a lo largo de este año, con medidas impopulares que integran su plan de ajuste, que incluye no sólo la creación de nuevos impuestos, sino una reforma en el sistema de jubilaciones. Eso, para no mencionar los intentos de derrocarla por la vía de un golpe institucional, fuertemente alentado por los medios de comunicación.

La tensión sigue, tanto para un Lula sometido a un cerco creciente como para Dilma. Pero el día ha sido de alivio para los dos.

Para Dilma, porque puede intentar establecer estrategias de mediano plazo en sus tratos con un Congreso confuso. Para Lula, no tanto: él necesita, con urgencia, trazar una estrategia que le permita defenderse de la feroz e implacable cacería a la que está sometido y recuperar su imagen.