El representante adjunto en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh por sus siglas en inglés), Jesús Peña Palacios, destacó que el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura debería ser una oficina independiente, con personal suficiente y especializado y con recursos etiquetados.

En las audiencias públicas sobre la Ley de Tortura, realizadas en el Senado, José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e integrante del Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU, ratificó la cifras dadas a conocer por La Jornada el pasado lunes 8 de este mes: del primero de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014 la Procuraduría General de la República recibió 4 mil 55 denuncias por tortura, de las cuales mil 273 son atribuibles a militares.

Guevara abundó: Mil 884 denuncias se convirtieron en averiguaciones previas y sólo se consignó a 11 personas. Y aunque existen cinco sentencias condenatorias en México, no es posible conocerlas.

Asimismo, el también integrante del Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU subrayó que las procuradurías o fiscalías de los estados, a través de solicitudes de datos, nos han informado que del primero de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014 registraron mil 166 denuncias por tormentos y solamente han sido consignados 13 casos.

De igual forma, Guevara sostuvo que en ese mismo periodo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) nos ha informado que recibió 4 mil 400 quejas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes, que ha aperturado 109 expediente de queja y ha emitido 79 recomendaciones. Unas 15 comisiones de derechos humanos estatales no reportaron que en ese mismo periodo recibieron 2 mil 692 quejas por ese mimo delito.

Peña Palacios dijo a los senadores: es momento de regular el Mecanismo Nacional para la Prevención de Tortura, porque hoy es parte de un convenio de colaboración entre el gobierno federal y la CNDH, de 2007, pero es necesario que el mandato y sus facultades se anuncien de manera clara en un texto constitucional o legislativo.

Peña Palacios destacó que el mecanismo tiene acceso a lugares a los que pocos tienen entrada. Maneja información confidencial y está en posibilidades de documentar la tortura y otros malos tratos.

Refirió que el Subcomité de Prevención contra la Tortura de la ONU recomendó “la contratación de más personal multidisciplinario, sicólogos y profesionales de la salud, expertos en temas de niñez indígena adolescencia, en derechos de las mujeres y de género, entre otros.

También expuso que el subcomité pidió que el mecanismo lleve a cabo sus funciones y tenga agenda independiente de las funciones de las tercera visitaduría para satisfacer las necesidades de independencia y autonomía del mecanismo.