Las cárceles mexicanas son espacios de muerte y destrucción. En ellas de manera constante se violan derechos fundamentales, hay privilegios para unos cuantos, violencia y, en muchos casos, control del crimen organizado, señalaron especialistas en el tema.

Durante la mesa de discusión Homicidios en los centros penitenciarios, que se realizó ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, aseveró que entre 2008 y 2014 se registraron 445 homicidios durante riñas y motines en penales estatales. De ese total, 40 por ciento se suscitaron en cárceles de Tamaulipas y 14 por ciento en las de Durango.

El experto informó que el año con mayor registro de asesinatos debido a riñas y motines fue 2012, con 102, de éstos, 45 ocurrieron en Tamaulipas y el mismo número en Nuevo León.

Otras entidades donde existe alta incidencia de homicidios en las cárceles son la Ciudad de México, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Baja California

En estos penales, lamentó, existe una alta colusión entre reos y custodios para la venta de cualquier tipo de producto, como chips para teléfonos móviles, con los que se puede extorsionar. Además, participan en fugas de criminales de alto nivel, que reflejan las debilidades del sistema penitenciario. Esto sin contar con la ocurrencia de hechos violentos y sobrepoblación.

Todo ello disminuye la calidad de vida de la población penitenciaria, indicó.

Privilegios y violencia

Al referirse al caso particular del penal de Topo Chico, en Nuevo León –donde la semana pasada hubo un enfrentamiento que dejó 49 reos muertos–, señaló que datos recientes revelan que de los 900 custodios, 300 no pasaron los controles de confianza.

Daniel Montero Zendejas, quien en 2009 fue subsecretario de Reinserción Social en Morelos y hoy es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que alrededor de 65 por ciento de las cárceles del país padecen un autogobierno que está en manos del crimen organizado, al grado que hay privilegios, fiestas y violencia.

Incluso, denunció, “el general Eduardo Gómez, Genaro García Luna –ex secretario de Seguridad Pública Federal– y otros funcionarios entraban a los penales donde había fiestas, armas, trabajadoras sexuales y botellas, y no pasaba nada”.

María Sirvent, de la organización Documenta y ex integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseveró que los hechos en Topo Chico no fueron una acción aislada, sino que forma parte de un problema estructural del sistema penitenciario, en el que hay dos realidades: o son lugares de mucha represión o, por el contrario, de muchos privilegios para unos cuantos.

Aunque las cifras son variables, se calcula que en México hay más de 260 mil personas recluidas en 370 cárceles estatales o municipales y 22 federales. El país ocupa el sexto lugar a escala mundial en cuanto a población penitenciaria, sólo por debajo de Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil, naciones con un número mucho mayor de habitantes.

El número de incidentes a escala nacional en estos centros de reclusión –apuntó– van en aumento: mientras en 2006 se reportaron 320, en 2013 fueron 2 mil 436, de éstos, 25 fueron homicidios.

Sirvent indicó que estos lamantables hechos crecieron en el actual sexenio, ya que en los tres primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto se han suscitado 4 mil 659 incidentes.

Roberto Ochoa, investigador del IIJ, señaló que en México se ha abusado de la pena de prisión, lo que ha generado que haya muchas más personas recluidas en estos espacios de las que el sistema puede soportar, lo que entre otras cosas genera un caldo de cultivo para que se presenten hechos como el de Topo Chico.

Se ha creído que la pena de prisión mete miedo y desincentiva la comisión de delitos, lo que no necesariamente es verdad, dijo.

Para Miguel Sarré, del ITAM, uno de los retos es tener un sistema penitenciario regido por la ley, pues sin ésta, gobiernan los intereses salvajes.