un cuando comparte muchos rasgos de la inmensa relación de hechos delictivos signados por la impunidad, la bestialidad y la colusión entre políticos, autoridades y miembros del llamado crimen organizado, el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa tiene características y significados diferentes, excepcionales, obviamente no por decisión de las víctimas, sino de las autoridades encargadas de investigar los hechos, no por omisión o defecto de los familiares de esos normalistas, sino por la acción de denuncia y resistencia que contra viento y marea han sostenido hasta estos días.

Siendo parte de ese catálogo funesto que diariamente es engrosado en todo el país, con un asombro colectivo cada vez menos intenso y duradero, el expediente político, social y judicial de los 43 contiene la comprobación más demoledora del desinterés general del Estado mexicano por llegar a la verdad y la justicia y, más específicamente, de la maquinación criminal desde la cúpula del gobierno federal para falsear delictivamente los hechos, escamotear información clave, jugar con los tiempos procesales y las tretas legaloides, fabricar insostenibles verdades históricas, desatar campañas de propaganda oscura contra investigadores independientes y sostener abiertamente la impunidad como base de la operación política, económica, electoral, jurídica y mediática de los grupos que ejercen el poder en términos de connivencia con el crimen políticamente organizado.

El punto clave del caso de los 43 radica en el descarnado, descarado y demostrado esfuerzo realizado por los jefes políticos y armados de este país para impedir que se conozcan el desenlace real de los hechos, el grado de involucramiento (por acción y por omisión) de representantes del gobierno federal en el sitio (Ejército, Marina, federales y representantes de Gobernación, PGR y Cisen) y las alturas a las que ha llegado en México el entendimiento por conveniencia entre políticos, gobernantes y capos explícitos.

Nunca antes en la historia de las masacres y actos delictivos graves con implicaciones políticas se había desarrollado una investigación como la realizada respecto de lo sucedido en Iguala y alrededores, ni sus términos y vericuetos habían sido ventilados con tal intensidad como ahora lo permiten las redes internéticas. Pero todo ello, en lugar de ayudar al esclarecimiento y la justicia, ha permitido ver la mendaz evolución (en términos de narrativa, pero también de niveles de gobierno) del estilo conocido con la niña Paulette y su colchón increíblemente encubridor y las piras funerarias de un hoyanco basurero al aire libre en Cocula.

La develación de las históricas mentiras oficiales ha contado con el apoyo técnico y científico de dos instancias internacionales convocadas y aceptadas por el propio gobierno mexicano, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Ambos, en sus términos, han desechado rotundamente la probabilidad de que hubiese sucedido la incineración de cuerpos en el basurero de Cocula, fabulación ígnea con la cual el entonces procurador Jesús Murillo Karam coronó lo que pretendió ser una coartada final que centrara todo en meros ámbitos municipales y en bandos criminales locales.

Enfrentados a una especie de pacto de silencio (no sólo en términos de las instancias oficiales, sino también de la población atemorizada), entrampados sistemáticamente en el fango procesal mexicano, impedidos de conocer de viva voz las respuestas de cuando menos 16 soldados presentes en aquellas horas en Iguala, sometidos a una infame campaña de desprestigio y acoso, los miembros del GIEI tienen en su horizonte el fin de su misión, sin un periodo más, y el eventual señalamiento firme de los obstáculos institucionales que han encontrado en México.

El informe que hicieron, las revelaciones graves ahí contenidas, requieren de la mayor solidaridad social para que la desaparición de los 43 no acabe en el archivo de las rutinas burocráticas destinadas al olvido. Si los gobernantes pueden hacer que México se canse de recordar lo sucedido en Iguala y de luchar por verdad y justicia en ese caso, el camino para la imposición de peores medidas y confabulaciones será más fácil. Luchar por un México mejor, enfrentar el amafiamiento entre políticos y criminales y frenar la espiral macabra que se vive en el país requiere no permitir el silencio y el olvido en el caso de 43 jóvenes que siguen desaparecidos.

Justamente en ese contexto es importante la solidaridad específica de líderes de opinión y guías espirituales como el papa Francisco. Gestos simbólicos, manejados con la milenaria habilidad diplomática de la Iglesia, ayudarían a no permitir que la narcopolítica confirme su predominio sobre la sociedad. Recibir en audiencia a los familiares de los 43, darles algún tipo de consuelo conforme a la liturgia del caso o regalarles cuando menos una fotografía silenciosa de conjunto, significaría un importantísimo aliento a una lucha que va en concordancia con las mejores facetas del pontífice argentino (con esa sensibilidad, el maestro de ceremonias de un acto en Morelia motivó, en ausencia del Papa, un minuto de silencio que devino en masivo conteo hasta 43). Lo contrario sería terminar apoyando el sistema de injusticia, corrupción, violencia criminal, impunidad y muerte que Francisco ha denunciado de palabra en México, entre masas desesperanzadas y élites cómplices, sin 43.

Y, mientras en el Senado están a la espera de una presunta lista de unas 15 propuestas de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ocupar consulados en Canadá y Estados Unidos, con especial interés de la titular, Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari para dar celeridad a los trámites, ¡hasta mañana, con el subsecretario Ernesto Nemer (#LordBolero) haciendo involuntario resumen de lo conseguido por Sedesol en tres años, al publicar en las redes cibernéticas una foto conmemorativa de que en cada visita suya a San Cristóbal de las Casas un mismo niño le sigue aseando los zapatos!

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