Cuernavaca, Mor.

Un juez oral inició ayer la audiencia de vinculación a proceso penal contra el ex director de servicios periciales de Cuautla, acusado de haber autorizado la inhumación clandestina de 118 cadáveres en dos fosas ilegales en la comunidad de Tetelcingo sin seguir los protocolos correspondientes.

El pasado 11 de febrero, la Fiscalía General del Estado (FGE) imputó los delitos de violación de la Ley de Inhumaciones y Exhumaciones a la ex coordinadora central de servicios periciales de la zona oriente y al encargado de despacho de dicha coordinación, pero omitió sus nombres, como prevé la ley de juicios orales.

Al cierre de esta edición la audiencia no había concluido debido a que se decretó un receso.

La diligencia se realizó en la ciudad judicial de Cuautla, adonde llegaron familiares de algunas personas desaparecidas para exigir que la FGE cumpla ya su promesa de exhumar esos cadáveres para ver si entre ellos están los de personas desaparecidas, como demandó el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México.

Valentina Peralta, dirigente de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, emplazó a la FGE y al gobernador Graco Ramírez a que el 28 de marzo –día estatal de las victimas de la violencia y la inseguridad– se inicie la exhumación.

Podrían trasladar cuerpos

En conferencia de prensa, el titular de la FGE, Javier Pérez Durón, prometió que las fosas se abrirán en mes y medio, más o menos.

Reconoció que el predio particular donde están lo cadáveres no está regularizado como fosa común y adelantó que si para cuando inicie la exhumación no está cubierto ese trámite los cadáveres tendrán que ser reubicados en otros panteones del estado.

En noviembre pasado la familia de Oliver Navarrete Hernández denunció la existencia de esas fosas después de que la FGE aceptó desenterrar el cadáver del joven, secuestrado y asesinado en 2013, y enterrado allí el 28 de marzo de 2014 sin que la dependencia avisara a sus familiares, pese a que durante meses lo reclamaron.

Para identificar los restos de Oliver la FGE tuvo que desenterrar todos los cadáveres, pues la fiscalía no siguió protocolos básicos que facilitaran la identificación de los restos.