La diputada local del partido Morena Aleida Alavez Ruiz propuso que para defender el derecho humano al agua, la constitución política de la Ciudad de México debe consagrar la prohibición explícita a todo intento privatizador en el manejo y gestión del líquido.

Entre los efectos que una privatización del recurso traería a la Ciudad de México, mencionó la desproporcionada elevación de las tarifas que tendría que pagar el consumidor, la desaparición de la condonación del pago del servicio de agua potable y la sequía a que se condenaría a los habitantes de las zonas donde tradicionalmente escasea el líquido, como Iztapalapa.

Esta solicitud, que se someterá a consideración de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa (ALDF) mediante un punto de acuerdo, es para atajar cualquier intento privatizador como el vivido entre febrero y abril del año pasado en la 62 Legislatura federal, cuando se intentó sorprender con una Ley General de Aguas que privilegiaba concesionar todo el proceso de gestión y administración del agua por 30 años, que podrían ser prorrogables, añadió.

La legisladora dijo que el PRI y el PAN, fieles a su espíritu privatizador de todos los bienes de la nación, hicieron de lado la iniciativa de la sociedad civil, que partía de la defensa del derecho humano al agua, para imponer una privatización disfrazada que significaba renunciar a las funciones esenciales del Estado y entregarlas al capital privado.

En dicha iniciativa sólo les faltaba privatizar el agua de lluvia. No se evaluaba la disponibilidad del recurso en la cuenca, la existencia del estrés hídrico o el impacto ambiental y social, además de permitir las transferencias de las concesiones, las herencias y otras curiosidades en favor del capital privado.