Algunas instituciones de estudios superiores cuentan con organismos que se ocupan de cuidar que se cumpla la legislación interna y de resolver los problemas individuales que surjan entre sus autoridades, académicos y estudiantes. Usualmente se les llama defensorías de derechos universitarios, aunque también se les conoce como ombudsman universitario. Protegen derechos a la libertad de cátedra, de pensamiento, investigación y evaluación, así como la igualdad y la legalidad.

La primera defensoría en México fue la de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), creada en 1985 por iniciativa del rector Jorge Carpizo. También cuentan con organismos similares el Instituto Politécnico Nacional (IPN) –cuya defensoría está en proceso de renovación después del movimiento estudiantil de 2014–, las universidades de Guanajuato y la Iberoamericana, así como una veintena más de casas de estudios superiores.

En noviembre de 1994 representantes de seis universidades mexicanas fundaron la Red de Defensores, Procuradores y Representantes de Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios (Reddu). Pertenecen a esta red 20 casas de estudio, de acuerdo con datos del sitio web de la organización. También están asociadas universidades como la Autónoma de Madrid, la Nacional Autónoma de Honduras y la Pontificia Universidad Católica del Perú.